Más de 1.400 megavatios en tramitación, inversiones superiores a los 600 millones de euros y 18 grandes proyectos activos ante el Estado, solo en la provincia de Soria, uno de los territorios más despoblados de Europa, que se ha convertido en potencia nacional en energías renovables. Pero no todos aplauden. A medida que avanzan parques solares, eólicos e híbridos, crece también la crítica desde los pueblos afectados: los proyectos se acumulan sobre un territorio vacío, pero sus beneficios apenas se quedan.
La Subdelegación del Gobierno en Soria ha presentado esta semana el informe del Área de Industria y Energía en la Comisión de Asistencia al Subdelegado. El documento detalla la envergadura del despliegue energético: 11 plantas híbridas, 5 eólicas y 2 fotovoltaicas puras.
De estos expedientes, la mayoría corresponde a plantas híbridas (11), seguidas de instalaciones eólicas (5, una de ellas con infraestructuras comunes) y dos proyectos fotovoltaicos puros. Se trata de los proyectos híbridos Hontalbilla I, Hontalbilla II, Morón de Almazán, Radona II, Tarayuela, Bordecorex Norte, Los Campillos, Ventosa del Ducado, Alentisque, Caramonte y Cerros de Radona. De los 11, los seis marcados en negrita afectan al Alto Jalón
En cuanto a los cinco proyectos de parques eólicos, incluyen Cabezuelas, San Cristóbal, Pedrecha, Pasama y Cerro de Magaña, dos en el Alto Jalón; mientras que los dos parques fotovoltaicos son Envatios XX y CSF Anguita, este último entre Arcos de Jalón y Medinaceli.
Además de estos expedientes en tramitación activa, otros cinco proyectos fueron descartados, desistidos por sus promotores o remitidos a la Junta de Castilla y León por no alcanzar el umbral de potencia que determina la competencia estatal. Se trata de los proyectos Corpal, San Cristóbal (proyecto inicial), Valderrete (remitido a la Comunidad de La Rioja por no ser competentes en Soria para su tramitación), Los Cruzados y Radona I.
La mayor parte de los grandes parques cuenta ya con la Autorización Administrativa de Construcción. Destacan la planta fotovoltaica CSF Anguita, de 85 MW, que dispone también de la Declaración de Utilidad Pública (DUP), así como el eólico de Pedrecha, de 59,4 MW, cuya DUP publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia.
En el grupo de híbridos, los proyectos Hontalbilla I, Hontalbilla II, Radona II y Tarayuela ya disponen de Autorización Administrativa Previa, mientras que se está a la espera de la de construcción. En fase de espera de autorización previa o siguiente tramitación, y con una inversión global estimada de 180 millones de euros, están Morón, Alentisque y Caramonte, este último con una fuerte oposición de los vecinos de Benamira.
Asimismo, se ha remitido al MITECO la tramitación completa de la nueva línea de transporte de 400 kV entre Almazán y Coscurrita, gestionada por Red Eléctrica, y se ha autorizado a Iberdrola Distribución (I-DE) el cruce sobre el gasoducto Aranda-Soria en Langa de Duero, relacionado con el Pfuturo enlace a 132 kV entre Zuzones y Burgo de Osma.
La potencia total conjunta de los proyectos activos asciende a más de 1.400 MW, lo que supone una contribución significativa al despliegue de renovables a gran escala en la provincia, con un peso importante en el Alto Jalón. Este volumen posiciona a Soria como un territorio clave en la transición energética y en la atracción de inversiones ligadas al desarrollo de infraestructuras limpias.
Y esto solo en la provincia de Soria, pero esta es una nota bastante común y habitual que podemos ver en gran parte del mundo rural, también en el Alto Jalón zaragozano, donde las plantas de energías renovables no paran de proyectarse trasladando la energía recogida en nuestra comarca a la gran ciudad, para seguir ayudando a perpetrar un modelo que concentra a la población en grandes núcleos, dejando desprovista de servicios, y de gente, a la España Rural.
Transición energética, pero sin transición rural
La paradoja se repite en cada boletín oficial: megavatios que llegan, vecinos que se van. Los proyectos se instalan en campos abandonados, pastos vacíos o fincas alquiladas por necesidad, pero pocos dejan retorno. La mayor parte de los trabajos son puntuales, las empresas son foráneas y las infraestructuras, como las subestaciones de alta tensión o las líneas de evacuación, sólo cruzan. Ni un kilovatio se queda en los pueblos.
“No hay empleo, no hay fijación de población, no hay fiscalidad justa”, lamentan desde plataformas rurales en defensa de otro modelo de dinamización económica para el mundo rural. La promesa de revitalizar el territorio con energías limpias tropieza con una realidad más compleja: la concentración de proyectos sin planificación integral, sin participación vecinal y sin beneficios compartidos. El mundo rural aporta territorio, paisaje y sol, pero apenas recibe cobertura móvil, servicios públicos o incentivos para emprender. Ni siquiera se genera un componente de empleo estable lo suficientemente importante más allá del empleado para su construcción.
Los pueblos no son suelo industrial
Mientras en localidades como Judes o Torrijo de la Cañada se lucha por tener simplemente cobertura telefónica y que no ocurra alguna emergencia sin que nadie pueda dar aviso, la fiebre renovable avanza con lógica extractiva. Mientras en Centros de Salud como el de Ariza suspenden citas médicas en los pueblos más pequeños por falta de personal y la no cobertura de bajas por parte de la Administración, las placas y molinos copan nustros campos y montes.
Proyectos como los de Ateca, Terrer, Moros, Medinaceli, Arcos de Jalón, Alentisque o Bordecorex llenan los mapas de siglas, parques y líneas de alta tensión. Pero en muchos casos ni siquiera se consulta a los vecinos antes de autorizar expropiaciones por utilidad pública. "¿Para quién es esa utlidad?", se preguntan muchos vecinos de la zona.
Desde distintas entidades y plataformas vecinales se insiste en la necesidad de frenar este modelo. No se cuestiona la urgencia de una transición energética, pero sí su implementación. "Renovables sí, pero no así", señalan plataformas como la de Benamira. Reclaman una planificación territorial que priorice el autoconsumo, las comunidades energéticas y el respeto al entorno. También una fiscalidad justa que deje beneficios en los pueblos, y una garantía de que la energía limpia no se imponga sobre una tierra condenada al silencio.
¿Desarrollo o colonización energética?
La pregunta ya resuena en muchas comarcas de la España Rural como el Alto Jalón, donde en la zona zaragozana la situación es similar y estos días hemos visto cómo comenzaban las obras de tres grandes plantas fotovoltáicas en la zona quemada por el incendio de 2022: ¿a quién beneficia realmente este modelo?
Los 1.400 megavatios en tramitación en Soria podrían abastecer a más de un millón de hogares, pero la mayoría de pueblos no tienen ni siquiera vivienda digna, escuela abierta o acceso a una conexión estable. El desarrollo energético no se traduce automáticamente en desarrollo rural. Quizá esta proliferación pueda explicar por qué realmente no se invierte en repoblación, pues una mayor presencia de habitantes en el mundo rural podría suponer una oposición todavía mayor al tremendo negocio que supone la extracción energética y su evacuación mediante grandes líneas eléctricas en dirección a la ciudad. Infraestructuras que generan mucho dinero al construirlas, y que veremos qué ocurre con ellas cuando su vida útil empiece a terminar.
Por eso, mientras las cifras crecen en los informes y los beneficios de las grandes eléctricas se multiplican en los parqués, la distancia entre la promesa y la realidad también se agranda. Y en medio, el territorio, el Alto Jalón que resiste, y unos pueblos que no quieren convertirse en simple soporte de un modelo que ni entienden ni controlan.
JALON
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