El Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha acordado este miércoles impulsar la tramitación de la II Estrategia Nacional de Protección Civil, cuyo borrador ha recibido el aval de este órgano para continuar su tramitación y recabar los informes preceptivos necesarios antes de su aprobación definitiva.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este miércoles el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano que actúa como conferencia sectorial sobre la materia y reúne a todos los departamentos ministeriales, todas las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras varios años en formato videoconferencia a consecuencia de la pandemia, las reuniones tanto del Pleno celebrado este miércoles como la de su Comisión Permanente, el martes, han sido presenciales en la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil.

La Estrategia Nacional de Protección Civil es un instrumento de planificación operativa previsto en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. El primer documento entró en vigor en abril de 2019 con una vigencia de cinco años, por lo que debe ser revisado este año.

La II Estrategia Nacional ahora en tramitación incorpora la experiencia acumulada desde entonces en la prevención, gestión y respuesta a las emergencias y desarrolla nuevas líneas de actuación para que la autoprotección de la población, la formación de los profesionales o la incorporación de las nuevas tecnologías sean también algunos de sus pilares. 

El objetivo último es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, dotarle de mayor coherencia, eficiencia y agilidad, en línea con las directrices marcadas en el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres ‘Horizonte 2035’, aprobado en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma en marco de 2022.

Además de impulsar su tramitación de la II Estrategia Nacional de Protección Civil, el Consejo Nacional ha acordado crear distintos grupos de trabajo para el desarrollo de la Norma Básica de Protección Civil, documento que establece los riesgos que deben ser objeto de planificación de protección civil y las bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios de intervención y asistencia en emergencias.

Otros asuntos

Los participantes en el Consejo Nacional han podido conocer también el Mapa de Riesgos de Protección Civil, un instrumento que permite identificar aquellas áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias y catástrofes, al que tendrán acceso todas las comunidades y ciudades autónomas en el marco de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIM).

Durante 2023 se han desarrollado los requisitos técnicos y las funcionalidades de esta herramienta digital. Ahora arranca una segunda fase en la que todas las instituciones implicadas en la protección civil incorporarán sus propias cartografías de riesgo en los diferentes territorios.

Por último, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha presentado a los miembros del Consejo Nacional un nuevo registro de las catástrofes y emergencias que se registran en España, así como de los daños y pérdidas que provocan.

El denominado Proyecto Impacto es una iniciativa pionera y así lo ha reconocido la Unión Europea, que ha cofinanciado su desarrollo. La creación de este registro, prevista en la ley y que da respuesta al compromiso español de aportar estadísticas fiables a las instituciones internacionales, está llamado a ser un instrumento útil para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos para la prevención, respuesta y recuperación antes y después de las emergencias.

Aragón pide mantener en un único documento los planes de Autoprotección y Emergencia para presas y balsas

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha solicitado durante la reunión que se mantengan como un documento único los planes de emergencia de presas y balsas y sus respectivos planes de autoprotección. Junto a la mayoría de las comunidades autónomas, se ha conseguido que este punto del orden del día se retirase del pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se ha comprometido a analizar y replantear la cuestión en futuros encuentros. 

Al término de la reunión, que se ha desarrollado en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, la consejera ha explicado que “las comunidades hemos mostrado nuestra disconformidad con la pretensión del ministerio de que se realicen dos regulaciones separadas, el plan de emergencia y el de autoprotección de presas y balsas, pero hemos conseguido que retiraran este punto del orden del día”.

Los planes de presas y balsas los elabora el titular de la presa y se considera como un plan de autoprotección de la instalación de la presa y un entorno de hasta dos kilómetros aguas abajo. En Aragón, esos planes se homologan por parte de la Comisión de Protección Civil aragonesa, se inscriben en el Registro de Planes de Protección Civil y se colabora en su implantación.

“Con su propuesta, el ministerio pretendía separar el plan de autoprotección, que incluiría únicamente las instalaciones de la presa, del plan de emergencia ante situaciones de peligro causadas por la presa en su entorno aguas abajo”, ha señalado.

Sin embargo, la propia norma básica de Protección Civil emplaza a simplificar procedimientos cuando la documentación y el análisis es común en gran parte, como ocurre en el caso de estos documentos. “Por eso, hemos pedido mantener el modelo que ya existe”, ha insistido, para detallar que el ministro se ha comprometido a analizarlo en futuras reuniones y repensar la cuestión.

Además, en el turno de ruegos y preguntas, la consejera ha solicitado al ministro que se replantee también el formato de este tipo de reuniones. “Discrepo en el formato, no es el adecuado para mostrar la opinión de las comunidades autónomas”, ha considerado, ya que en el Consejo Nacional de Protección Civil participan con voto varios organismos de la Administración General del Estado y, por ello, las votaciones no reflejan proporcionalmente el parecer de la mayoría de las comunidades.

En este sentido, Hernández ha advertido de que las competencias en materia de Protección Civil corresponden a las comunidades autónomas “y el Consejo Nacional no puede ser un instrumento para que el Estado imponga su criterio”. “Si queremos darle relevancia a la Protección Civil hay que igualar el formato al de una conferencia sectorial (con presencia de Estado y comunidades autónomas), porque la materia tiene importancia”, ha recalcado, para emplazar también a seguir estrechando la colaboración entre administraciones en estas materias.