"SI ESTO ES LEGAL, LA LEY ESTÁ MAL": LOS AFECTADOS DE MONTERDE PIDEN A LAS CORTES DE ARAGÓN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LAS INMATRICULACIONES

Los representantes de la Asociación de Perjudicados por el alcalde de Monterde han comparecido este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento aragonés para exponer lo que califican como “un atropello sin precedentes en nuestra democracia”. Acompañados por el diputado nacional del PSOE, Víctor Ruiz de Diego, el diputado provincial socialista José Carlos Tirado, el también diputado de CHA José Manuel Latorre y el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Monterde, Jorge Colás, los comparecientes han reclamado una intervención urgente de las instituciones para frenar las inmatriculaciones que afectan ya a más de un centenar de propiedades privadas.

Arturo Pardos, portavoz de la asociación, ha sido el encargado de leer un extenso y detallado alegato en el que ha desgranado paso a paso lo que consideran “una operación orquestada desde el Ayuntamiento” para registrar a nombre del consistorio casas habitadas, fincas agrícolas, almacenes y bodegas, muchas de ellas con escrituras y títulos de propiedad. Acompañado por Pilar Lavilla y Tomás Lorente, miembros de la junta directiva, Pardos ha defendido que el procedimiento llevado a cabo por el alcalde se ha hecho “a espaldas del pueblo, sin informes, sin votaciones en pleno, sin notificar a los propietarios y vulnerando la legislación vigente en materia de bienes públicos”.

Durante su intervención, acompañado por otros dos miembros de la junta directiva, Pardos ha relatado cómo la situación estalló hace un año, tras el fallecimiento de Marcelina Ramón Lavilla. Al tramitar la herencia, su familia descubrió que la casa había sido registrada a nombre del Ayuntamiento. La sorpresa dio paso a una investigación que destapó la publicación en el BOE de un total de 105 inmuebles inmatriculados por el Ayuntamiento pese a que documentación histórica de 1968 acredita lo contrario. Un proceso ejecutado sin notificación directa a los vecinos, sin informes técnicos, sin aprobación plenaria y únicamente publicado en el BOE, “a espaldas del pueblo”.

El portavoz de la asociación ha expuesto con documentación en mano los pasos seguidos por el alcalde y sus asesores para registrar estas propiedades como si estuvieran dentro del monte público, pese a que, según certificaciones de la propia Dirección General de la DGA, muchas de ellas no lo están. "Se han apropiado de casas con escrituras y registros que se remontan al siglo XVIII. ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que ha quitado su hogar a un anciano de 90 años?", ha preguntado emocionado Pardos.

Los portavoces han acusado al alcalde de utilizar una asesoría externa —la empresa Web Asesores de Calatayud— para manipular el catastro, bloquear intentos de inscripción de las propiedades por parte de los vecinos y dividir las parcelas con nuevas referencias catastrales para facilitar su inclusión en el inventario municipal. “Esto no es una gestión pública, es un abuso de poder”, han denunciado.

También han hecho referencia al coste económico de esta operación: solo en 2023, el Ayuntamiento de Monterde destinó más de 85.000 euros a asesorías externas relacionadas con estas inmatriculaciones, más de la mitad de sus ingresos corrientes. “Ha perdido ya el primer juicio y se allanó sabiendo que estaba en contra de la ley desde el primer momento, pero ha preferido alargar el conflicto”, ha afirmado Pardos.

Apoyos institucionales… y distancias incómodas

Durante el turno de los grupos parlamentarios, la mayoría de los diputados han mostrado su apoyo a los afectados. Sergio Ortiz, del PSOE, ha recordado que este lunes, durante el último pleno municipal, el concejal popular José Colás se desmarcó de la actuación del alcalde y reconoció que las inmatriculaciones se realizaron “de tapadillo”. También ha valorado la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revertir una de las inscripciones y ha instado al consistorio a “dar marcha atrás”.

Desde CHA y Teruel Existe también se han mostrado sensibles con la causa vecinal y se han comprometido a seguir de cerca el caso, en línea con la postura de Izquierda Unida, impulsora de la comparecencia.

Más dura ha sido la intervención de Alberto Izquierdo, del PAR, quien, desde su "experiencia como alcalde" según ha destacado, ha cuestionado que ni el secretario ni los concejales del municipio desconocieran las operaciones realizadas por el alcalde. “Si no lo sabían, deben dimitir. Y si lo sabían, son cómplices. Es así de claro”, ha sentenciado. El diputado del PAR ha centrado su intervención en la responsabilidad compartida dentro del consistorio: “Un alcalde solo no puede hacer eso. Si los concejales no sabían nada, ¿por qué no lo han cesado? ¿Por qué no presentan una moción de censura?”. Izquierdo también ha señalado a la secretaria municipal, cuyo certificado permitió la inmatriculación: “Sin firma del secretario, un alcalde no puede pagar ni 20 euros”.

Una posición muy diferente ha adoptado la diputada del Partido Popular, María Navarro, compañera en el PP del alcalde de Monterde. Navarro se ha mostrado visiblemente equidistante respecto al caso, apelando al respeto a los procesos judiciales abiertos y recordando que el consistorio actuó con documentación avalada por organismos públicos como el Catastro o el Registro de la Propiedad. “Aquí no estamos para juzgar, eso le corresponde a los tribunales”, ha afirmado, instando a los afectados a seguir su batalla legal pero evitando posicionarse de manera clara.  "Entendemos su sufrimiento, pero la verdad se dirimirá en los tribunales”, ha afirmado, poniendo en valor la actuación de registradores, secretarios y del catastro.

La intervención de la portavoz del PP ha contrastado notablemente con la del resto de diputados en las Cortes de Aragón esta mañana, y ha sido interpretada por los comparecientes como una muestra más del escaso respaldo por parte del PP con el que cuentan. "Estas cosas pasarán en su momento factura a quien se la tenga que pasar", indican desde la asociación de afectados.

“No queremos venganza, queremos justicia”

Los representantes vecinales han respondido con dureza a estas intervenciones. “No podemos hablar de lo que no sabemos, solo de lo que podemos probar”, ha defendido Pardos, quien ha señalado que los concejales se enteraron un año después y que la falta de información ha sido una constante durante años. “Si hubieran sabido que se iban a inmatricular las casas de sus vecinos, estoy seguro de que habrían votado en contra”, ha insistido.

Sobre la responsabilidad de la secretaria, los comparecientes han explicado que el certificado que permitió las inmatriculaciones está firmado digitalmente por una secretaria y encabezado por otra. “Esto no es serio. ¿Cómo se ha podido inmatricular casi todo el pueblo con un certificado de dos párrafos?”.

También han cuestionado que el Ayuntamiento haya bloqueado la inscripción de propiedades por parte de sus legítimos dueños mientras se gastaban más de 85.000 euros en abogados y asesorías externas en 2023. “Eso es más de la mitad del presupuesto anual del Ayuntamiento. Y no ha hecho más que empezar”, ha lamentado Pardos.

Los vecinos han acusado al alcalde de provocar deliberadamente un problema catastral para luego aprovecharlo con fines administrativos. “En 2010 se hizo una revisión catastral que dejó fuera propiedades. Reclamamos, y fue el Ayuntamiento el que se opuso a que se corrigiera. Años después, esas mismas propiedades se las ha quedado”, ha relatado Pilar Lavilla, miembro de la asociación.

Los afectados han cerrado su intervención pidiendo comprensión y humanidad. Han relatado cómo personas mayores del municipio, de más de 90 años, están viendo cómo casas heredadas de sus abuelos han pasado a manos del Ayuntamiento sin previo aviso. “Nadie ha tenido la valentía de mirarles a los ojos y decirles: tu casa ya no es tuya”, ha dicho Arturo Pardos. “Lo que pedimos es sencillo: que se investigue, que se paralicen las inmatriculaciones y que se depuren responsabilidades. Si esto es legal, la ley está mal. Y si es ilegal, que actúe la administración”.

 El portavoz ha concluido su intervención pidiendo que se exijan responsabilidades personales a los autores de esta operación y que no sea el pueblo quien pague los “platos rotos” del alcalde. “Lo que no puede ser es que un alcalde esté en contra de su propio pueblo. Si lo está, lo lógico es dimitir”, ha remachado. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos no tiene capacidad para resolver el conflicto, la asociación confía en que su comparecencia marque un punto de inflexión. “Somos un pueblo pequeño, pero tenemos un problema muy grande”, han zanjado.

Puedes ver aquí la intervención completa.