EL GOBIERNO DE ARAGÓN SE OPUSO A LAS INMATRICULACIONES FUERA DEL MONTE PÚBLICO DE MONTERDE

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha confirmado que se opuso expresamente a la inscripción por parte del Ayuntamiento de Monterde de parcelas ajenas a los Montes de Utilidad Pública (MUP) del municipio, y asegura que, a día de hoy, no consta que el consistorio haya remitido la documentación acreditativa de las inmatriculaciones realizadas, tal y como se le requirió en marzo de 2021 por parte del entonces Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (hoy, de Medio Ambiente y Turismo) de Zaragoza.

La información se recoge en la respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz en las Cortes de Aragón. En ella, el Gobierno autonómico detalla que el proceso de inmatriculación —registro a nombre del Ayuntamiento de terrenos no inscritos previamente en su inventario municipal— afectó a un total de 189 parcelas rústicas y 4 urbanas.

Según la respuesta oficial, el 1 de diciembre de 2020 el Registro de la Propiedad de Ateca solicitó al Servicio Provincial de Medio Ambiente que informase sobre la posible afección medioambiental de las parcelas que pretendía inmatricular el Ayuntamiento, un informe requerido en cumplimiento de la Ley de Montes de Aragón. El documento, emitido en marzo de 2021, confirmó que algunas de las parcelas estaban dentro o parcialmente dentro de los MUP n.º 324 (“Los Romerales”) y 325 (“Valdetajas y La Princesa”), ambos de titularidad municipal, remarcando que su naturaleza es demanial y no patrimonial.

En ese informe técnico, el Gobierno de Aragón detalló también qué parte de cada parcela podía ser inmatriculada como terreno de monte público y cuál no, manifestando su oposición explícita a las inscripciones que afectaban a terrenos ajenos a los MUP, así como a otras vías pecuarias.

Además, solicitó que se hiciera constar en la inscripción registral la naturaleza jurídica demanial de las parcelas pertenecientes a los montes públicos, y que el Ayuntamiento remitiera copia de las inscripciones finalmente realizadas. 

A día de hoy, según el Gobierno de Aragón, el consistorio no ha enviado dicha documentación. Debido a ello, el Ejecutivo autonómico aclara que, al no haber sido informado oficialmente de las inscripciones realizadas, el actual Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo no ha tenido conocimiento acreditado de la situación jurídica posterior. Esto implica que no tiene constancia oficial de cómo se resolvieron finalmente dichas inscripciones, ni de si se respetaron las advertencias incluidas en el informe técnico.

En su respuesta, el Gobierno de Aragón asegura que, independientemente de cómo se hayan practicado las inscripciones en el registro, no se ha producido cambio alguno en la naturaleza jurídica de los terrenos. “La única manera de que los terrenos de un MUP pasen a ser considerados como bienes patrimoniales es que sean excluidos del Catálogo de Montes de Utilidad Pública mediante cualquiera de los mecanismos que prevé la legislación de montes, lo que no se ha producido en este caso”, expresa literalmente la respuesta firmada por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

La pregunta del diputado Álvaro Sanz, registrada en marzo de 2025, forma parte de una serie de iniciativas parlamentarias impulsadas desde distintos grupos políticos para esclarecer la situación de las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde. Estas han generado polémica en el municipio, al incluirse en el inventario municipal propiedades hasta ahora privadas —varias de ellas viviendas habitadas— sin conocimiento ni participación de buena parte de la corporación municipal, y sin informar a los afectados.

Esta falta de comunicación y control sobre el resultado del proceso ha generado inquietud entre vecinos, colectivos ciudadanos y representantes políticos, que llevan meses denunciando la opacidad del Ayuntamiento y reclamando mayor transparencia institucional. Las inmatriculaciones motivaron incluso una comparecencia de los afectados en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón el pasado mes de abril, en la que reclamaron la reversión de las inscripciones que afectaban a terrejos, fincas particulares y caminos de uso común.

Después de muchos meses reclamando atención a los diferentes grupos políticos y administraciones, la Asociación de Afectados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde continúa denunciando las inmatriculaciones con el objetivo de evitar litigios costosos tanto para los vecinos como para el propio Ayuntamiento. Hasta el momento se han denunciado una quincena de inscripciones, en su mayoría relativas a viviendas o fincas con mayor valor económico. “El gasto en defender una bodega puede ser hasta diez veces mayor que su valor real”, explican los afectados.

Así, los demandantes inician ahora un camino legal que ya recorrió la primera de las inmatriculaciones, en cuyo juicio el Ayuntamiento terminó allanándose a la demanda y dando la razón a la propietaria original. El proceso, que se prolongó durante dos años, supuso un importante gasto tanto para la vecina afectada —que tuvo que defender su propiedad— como para las arcas municipales. “Esto es precisamente lo que llevamos tanto tiempo reclamando: aquí solo perdemos los vecinos, tanto a nivel particular como municipal, pero el alcalde no pierde nada por intentar este atropello a la propiedad privada con premeditación, nocturnidad y alevosía”, denuncian los afectados.