LOS GOBIERNOS DE ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN CLAMAN CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA LOSU

El Gobierno de Aragón quiere reiterar su indignación ante la decisión que el Gobierno Central tomó el viernes, al margen de las Comunidades Autónomas, sobre la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Un plan que implica según argumentan, "un sobrecoste para todas las Universidades, que no ha sido calculado adecuadamente por el Ejecutivo, y que ahora pretende que sea asumido, en gran parte, por las Comunidad Autónomas".

Por su parte, y repitiendo calcados argumentos, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha mostrado su rechazo a los planes del Gobierno para financiar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La titular de Educación castellano y leonesa reacciona así tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de que sufragará parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU. "Una vez más, la Junta de Castilla y León lamenta que el Gobierno Central tome decisiones sin consultar con las comunidades autónomas", se quejan.

Un acuerdo al que se llegó tras una reunión en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y en la que el presidente Sánchez les trasladó su decisión de sufragar parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.

Con la finalidad sensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de la LOSU, el pasado 2 de febrero se constituyó una comisión de trabajo a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integrada por el propio Ministerio, una representación de las comunidades autónomas, representantes de la CRUE y representantes de los sindicatos. Durante tres sesiones del grupo de trabajo se analizó, por primera vez, el impacto real de la LOSU, llegando a algunos acuerdos entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU.

En la última reunión, celebrada el 4 de marzo, todas las Comunidades Autónomas presentaron una propuesta de financiación de las plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. "No ha sido hasta este lunes cuando se ha conocido, por los medios de comunicación, que dicha propuesta ha sido rechazada y que el Gobierno Central solo financiará dos tercios de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la LOSU", reiteran desde el Departamento. 

En este sentido, Aragón insiste en la necesidad de tener en cuenta que cuando el Ministerio habla de plazas se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los Profesores Ayudantes Doctores, un contrato temporal de 6 años. De la misma manera, da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, Aragón  y Castilla y León, ambas gobernadas por el bipartito PP-VOX, rechazan el anuncio realizado por el Gobierno socialista y muestran su disconformidad una vez más por la forma de actuar debido al compromiso económico que significa para las Comunidades Autónomas medidas unilaterales adoptadas por el gobierno "sin previo consenso". Es por esta razón por la que Aragón y Castilla y León solicitan al Ejecutivo central, junto al resto de CCAA gobernadas por el PP, que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible, en el que puedan ser asumidas las consecuencias de la implantación de la LOSU que deben sufrir las Comunidades Autónomas. En este sentido, desde Castilla y León, Rocío Lucas también lamenta que estas noticias se transmitan a través de los medios de comunicación.