EL ALCALDE DE MONTERDE IGNORA EN EL PLENO MUNICIPAL LAS PREGUNTAS DE LOS AFECTADOS POR LAS INMATRICULACIONES

El caso de las inmatriculaciones de Monterde ha vivido este jueves un nuevo capítulo en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se ha celebrado una sesión plenaria ordinaria que probablemente haya sido una de las más cortas de la historia en el municipio, y eso que la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde había introducido en el turno de ruegos y preguntas una batería de diez cuestiones sobre las acciones emprendidas por el consistorio contra ellos y sus motivaciones, que requerían respuesta oficial por parte del alcalde, José Gracia. 

La mañana se presuponía importante para intentar esclarecer un caso, el de más de dos centenares de propiedades privadas inscritas en el registro por parte del Ayuntamiento, del que el alcalde hace tiempo que no quiere dar explicaciones, ni a los vecinos afectados, ni a los medios de comunicación. "En su momento dijo que estaba dispuesto a hablar con nosotros de forma individualizada, pero claro, sin retirar las inmatriculaciones", explican desde la Asociación de Perjudicados señalando que "era una estrategia para que el tiempo corriese a su favor".

Y es que de no haber denunciado las inmatriculaciones ante el juzgado, los plazos seguirían corriendo, y  el próximo año las propiedades pasarían definitivamente a estar a nombre del Ayuntamiento de Monterde. Entre ellas, algunas bodegas, tierras de cultivo y muchas casas particulares, habitadas la mayoría por personas mayores de 80 años que están viendo como sus casas, las que han sido de sus padres y abuelos, dejarán de pertenecer a la familia si nadie lo remedia. "Lo remediarán los tribunales", aseguran los Perjudicados, que tienen en su disposición toda la documentación que lo atestiguará delante del juez.

"El problema es el muchísimo dinero que nos vamos a gastar en esto, tanto nosotros como el Ayuntamiento, pero como no sale de su cartera", se quejan desde la Asociación haciendo un llamamiento a las administraciones y los políticos para mediar en el asunto y buscar una solución previa a los juzgados. "No entendemos como gente del PP - partido del alcalde de Monterde - como José Manuel Aranda, o cargos que pueden hacer algo como la directora de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, se están poniendo de perfil en este caso", claman los perjudicados denunciando que "hoy también en el Pleno se ha incumplido la normativa municipal".

Y es que este jueves José Gracia, apoyado por la secretaria municipal, no ha dado lugar al turno de ruegos y preguntas a pesar de que la asociación introdujo las preguntas al pleno mediante registro ya la semana pasada, antes de cuatro días de su celebración. "Nos ha dicho la secretaria que hay que registrarlas cuatro días antes de la convocatoria, ¿pero cómo sabemos que va a convocar los plenos? No somos adivinos", se quejaban amargamente desde la asociación viendo que no han sido escuchados en el Pleno Municipal del Ayuntamiento que se supone les representa.

El Ayuntamiento de Monterde está gobernado por el PP, que consiguió en las últimas elecciones cuatro concejales, por uno del PSOE. Entre acusaciones sobre un presunto control del censo vertidas por la oposición, hecho sobre el que han presentado varias denuncias que no han llegado a término, José Gracia lleva en la alcaldía casi tres décadas. "A mis padres los empadronó varias veces para que le votasen, y eso que yo los empadronaba de nuevo en Zaragoza por temas médicos", nos cuenta uno de los vecinos afectados por las inmatriculaciones. Algo que también ha denunciado en numerosas ocasiones el único concejal del PSOE, Jorge Colás, quien no estaba presente hoy en el Pleno por encontrarse de vacaciones. "El pleno ordinario debía haberse convocado hace casi dos meses, pero se ha esperado a la semana en la que sabe que el concejal de la oposición no está, para que nadie pudiera replicarle", denuncian los perjudicados.

Así, con la ausencia de su único opositor en el Ayuntamiento, con una veintena de afectados por las inmatriculaciones esperando respuestas, y varias parejas de la Guardia Civil presentes a petición del alcalde, se ha celebrado el pleno de este jueves por la mañana en Monterde. En la primera fila del salón de plenos municipal, varios vecinos y vecinas de Llumes, los mayores de 80 años, a los que "el Ayuntamiento les quiere quitar sus casas", denuncian los afectados. Tras la lectura del orden de día, el alcalde ha pasado a una serie de aprobaciones del presupuesto 2024 y de varias licencias de obras, y ha dado por levantada la sesión sin respetar el obligado turno de ruegos y preguntas, y sin querer ni escuchar, ni responder a los afectados

"Se ha levantado y la Guardia Civil nos ha desalojado amablemente del salón", narran los perjudicados por las inmatriculaciones, que están viendo como una y otra vez, el alcalde de su municipio no responde a sus preguntas. Entre ellas, la Asociación requería una respuesta sobre la negativa del alcalde a retirar las inmatriculaciones para revisar cada caso personalmente con las personas involucradas, o la que más ronda en la cabeza de los afectados, que es si el Ayuntamiento de Monterde va a echar a los vecinos y vecinas de sus casas. "Es incomprensible estar hablando de esto con el problema de despoblación que hay", señalan.

Entre acusaciones veladas sobre intereses económicos particulares e incluso motivaciones sentimentales, el movimiento de las inmatriculaciones, sobre las que los vecinos perjudicados están convencidos de que los juzgados les darán la razón, está resultando incomprensible. La negativa del alcalde a dar ningún tipo de declaraciones lo hace todavía más difícil de comprender. Un caso sobre el que tampoco parecen saber mucho los concejales del equipo de gobierno de Pepe Gracia, todos ellos del PP, presentes hoy en el pleno y que, lejos de ofrecer alguna explicación a la veintena de vecinos presentes, incluso alguno de ellos se ha marchado mostrando una actitud burlona ante los perjudicados por las inmatriculaciones.

"Es difícil entender por qué un alcalde se mete en algo así para echar a tantos vecinos de sus casas y que sus concejales quieran ser cómplices", señalan explicando que "si no hubiera muerto una de las vecinas de Llumes, nadie se habría enterado de esto hasta que ya no hubiera nada que hacer, nos habría quitado las casas y él habría dicho que era culpa del Catastro o de la DGA". Y es que fue la muerte de esta vecina, y los posteriores movimientos para la gestión de las herencias por parte de sus sucesores, los que descubrieron las primeras inmatriculaciones al constatar que el Ayuntamiento había aprovechado el decaimiento de los registros tras un intento fallido de declarar la vega como monte público, para registrarlo todo a su nombre.

Una inmatriculación que fue la primera en efectuarse, y cuya denuncia fue formulada meses antes, por lo que el juicio ya tiene fecha en Calatayud, el próximo 18 de septiembre. "Las noticias que tenemos es que el Ayuntamiento ha solicitado un aplazamiento", advierten los perjudicados. El portavoz de la Asociación, Arturo Pardos, ha estado en Pasajeros al Tren. Escucha aquí la entrevista completa.