LOS INMATRICULADOS DE MONTERDE LLEVAN SU PROTESTA AL CONGRESO: "SI LLEGAMOS A LOS TRIBUNALES PEDIREMOS RESPONSABILIDADES LEGALES A TODOS LOS IMPLICADOS"

Los afectados por las inmatriculaciones en Monterde han dado hoy un paso más en su lucha y van a elevar su protesta a nivel nacional con una manifestación en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Desde primera hora de la mañana, dos autobuses salieron desde Zaragoza y Calatayud, fletados por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde, con el objetivo de visibilizar su problemática y exigir respuestas antes de que expire el plazo legal para denunciar estos casos.

El portavoz de la asociación, Arturo Pardos, ha explicado en Buenos Días Alto Jalón de Alto Jalón Radio que los afectados están agotando todas las vías posibles para evitar el proceso judicial, pero que el Ayuntamiento de Monterde, dirigido por José Gracia Ruiz, sigue sin ofrecer soluciones ni rectificaciones. "Nos queda menos de un mes y no hay ningún síntoma de que el Ayuntamiento dé marcha atrás", ha afirmado Pardos, asegurando que si no hay avances, todos los casos acabarán en los tribunales.

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Un proceso irregular que pone en peligro más de 200 propiedades

El conflicto gira en torno a unas 200 propiedades que han sido inmatriculadas por el Ayuntamiento de Monterde mediante un procedimiento que los afectados consideran fraudulento y abusivo. Según ha explicado Pardos, el alcalde ha aprovechado la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para registrar a nombre del Ayuntamiento inmuebles que tienen propietarios legítimos.

Desde la asociación denuncian que el consistorio ha actuado sin seguir los procedimientos legales, omitiendo pasos obligados en procesos de este tipo como enviar notificaciones a los afectados o aprobaciones en pleno municipal de las inmatriculaciones. "Si el Ayuntamiento tiene razón en alguna propiedad, que lo demuestre con documentos, pero lo que ha hecho es apropiarse de bienes sin ningún tipo de comprobación previa y solamente con la firma en un certificado de la secretaria-interventora", ha señalado Pardos advirtiendo que "esto no lo ha podido hacer el alcalde solo y ha tenido que contar con Secretaría-Intervención, y con lo que él llama 'su equipo', un grupo de legalistas y consultores en el que ha invertido más de 85.000 euros de dinero público", denuncia.

El antecedente del primer juicio: un ayuntamiento que dilata los procesos

Uno de los aspectos más preocupantes es que los plazos para reclamar judicialmente están cerca de agotarse y expiran el 31 de marzo. "El objetivo era evitar los tribunales porque el coste es altísimo tanto para nosotros como para las arcas municipales", ha lamentado el portavoz. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha mostrado ninguna voluntad de diálogo, lo que aboca a los perjudicados a interponer demandas para recuperar sus bienes.

La falta de voluntad de acuerdo por parte del Ayuntamiento ya quedó evidenciada en el primer caso de inmatriculación denunciado. En ese proceso, que afectaba a un solar urbano de Monterde, el consistorio solicitó repetidos aplazamientos para retrasar la sentencia. "El ayuntamiento se allanó a la demanda después de más de año y medio dilatando el proceso", ha recordado Pardos, lo que refuerza la sospecha de que están utilizando la estrategia de alargar los procedimientos para ganar tiempo y dificultar la reacción legal de los afectados.

Una protesta nacional con respaldo parlamentario

La jornada en Madrid no solo servirá para manifestarse ante el Congreso, sino también para elevar el caso a la Cámara Baja. Los afectados han contado con el apoyo del diputado del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, quien los va a acompañar esta mañana en su visita a la sede parlamentaria y ha facilitado el contacto con la Comisión de Peticiones del Congreso.

Además, la asociación sigue buscando apoyos en el ámbito político y administrativo. En Aragón, la Directora General de Administraciones Locales, Marina Sevilla (PAR), mostró su preocupación por el caso en una reunión mantenida semanas atrás, aunque los afectados siguen esperando avances concretos por parte del Gobierno autonómico. "No sabemos si ha hecho algo hasta ahora, pero nos recibió, escuchó y mostró su preocupación por el caso asegurando que se iba a solucionar", confía Pardos.

Una lucha que no termina aquí

A falta de 25 días para que expire el plazo de denuncia, los perjudicados por las inmatriculaciones en Monterde se preparan para dar la batalla en los tribunales si no hay rectificaciones. "Si nos obligan a ir a juicio, exigiremos todas las responsabilidades posibles", ha advertido Pardos resaltando una vez más que "esto no lo ha hecho solo el alcalde, ha necesitado de todo un equipo técnico y de la connivencia de la secretaría-intervención, y vamos a ir hasta el final si nos obligan a pasar por el proceso legal".

Mientras tanto, la protesta de hoy en Madrid pretende hoy dar más visibilidad al problema para seguir presionando a las administraciones a encontrar una solución que evite pasar por los tribunales. "No estamos aquí por gusto. Nos han obligado a defender lo que es nuestro y no vamos a parar hasta que se haga justicia", ha concluido el portavoz de la asociación.

El conflicto de Monterde está lejos de resolverse, pero con cada paso los afectados refuerzan su determinación. La pelota está ahora, como lo ha estado todo este tiempo, en el tejado del Ayuntamiento, que deberá decidir si corrige su actuación o se enfrenta a una larga y costosa batalla judicial que podría acabar, tal y como lo hizo con el primero de los casos judicializados, con pérdidas económicas tanto para los afectados como para las arcas municipales, y con las propiedades en las mismas manos que hasta ahora, en la de sus propietarios originales. "Si lllegamos a esto, iremos después hasta el final para encontrar a todos los responsables de esta tropelía que está generando tanto dolor en todos los perjudicados, muchos de ellos gente muy mayor que está sufriendo mucho", aseguran los afectados.