LOS SECRETARIOS-INTERVENTORES INTERINOS AVISAN: "ESTO ES UN PROBLEMA DE ESTADO. VAMOS A VER PUEBLOS PERDIENDO SERVICIOS ESENCIALES"

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) ha lanzado una grave advertencia sobre el impacto que podría tener la finalización del proceso de estabilización del empleo público en los ayuntamientos de toda España, especialmente en las zonas rurales. La situación amenaza con desencadenar un colapso administrativo y económico que afectaría a miles de municipios pequeños, incluida la comarca del Alto Jalón.

Este proceso, diseñado para regularizar como empleados fijos a interventores que en muchos casos llevan más de 20 años en su puesto como interinos, podría acabar provocando el efecto contrario: el cese de muchos de estos profesionales al haber menos plazas que candidatos y la imposibilidad de cubrir esos puestos debido a la falta de funcionarios de carrera dispuestos a trasladarse a zonas rurales. Según ANSITI, solo se han ofertado 573 plazas para aproximadamente 3.000 profesionales en toda España. 

"El Estado llama a las Comunidades Autónomas para preguntarles cuánto personal tenían en en abuso de temporalidad. Y hay comunidades autónomas que hicieron los deberes y otras no, por lo que se comunicaron menos plazas de las que realmente hay. Entonces el Estado sacó esas plazas que se suponía que eran las que estaban en uso de temporalidad, pero no es así.", han expliado Susana Checa y Mila Pérez, secretarias interventoras miembros de ANSITI.

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Una amenaza de colapso administrativo

La salida de estos profesionales supondría la paralización de trámites básicos como licencias, contratación de servicios públicos o gestión de presupuestos, dado que en muchos municipios pequeños los secretarios interventores son el único personal administrativo disponible. Tal y como explicó Susana Checa, secretaria interventora de la agrupación de la Junta en la provincia de Guadalajara:

Mila Pérez, secretaria de la agrupación de Pradorredondo, corroboraba esta situación:

"Si nos vamos, los ayuntamientos no tienen capacidad para continuar funcionando. No hay otros trabajadores administrativos y los ayuntamientos pequeños no tienen presupuesto para contratar más personal."

La posibilidad de que muchos de estos municipios se queden sin secretarios e interventores podría desembocar en la pérdida de subvenciones o en la imposibilidad de justificar fondos europeos ya concedidos. "Si no se pueden presentar las cuentas o justificar proyectos, Europa podría exigir la devolución de esos fondos", advertía Checa.

Un golpe económico para los ayuntamientos

El cese de los interinos también implicaría un impacto económico directo. Los ayuntamientos tendrán que afrontar indemnizaciones de hasta 46.000 euros por profesional, lo que para muchos consistorios pequeños supondrá una carga insostenible. Como indicaba Mila Pérez:

"Estamos hablando de municipios con presupuestos de 200.000 o 300.000 euros. Si tienen que pagar 50.000 euros de indemnización, eso es un tercio o incluso la mitad de su presupuesto anual."

Desde ANSITI critican la falta de información y soluciones por parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. A pesar de las continuas advertencias de la asociación, el Gobierno solo ha enviado circulares recordando la obligación de cumplir con los plazos, pero sin ofrecer alternativas para garantizar la continuidad de los servicios en los ayuntamientos afectados.

"Hemos llamado a todas las puertas posibles", explicaba Checa. "Hemos hablado con alcaldes, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con ministros, con el presidente de la comunidad autónoma, pero no nos hacen caso."

Un proceso desigual y caótico

El proceso de estabilización se ha revelado además como profundamente injusto para los interinos. Como señalaba Checa, los criterios para la selección de plazas solo valoran los últimos 10 años de experiencia y, en caso de empate, se resolverá mediante el orden alfabético del primer apellido empezando por la letra "U".

"Puedes llevar 30 años trabajando en un ayuntamiento y que te quedes fuera solo porque tu apellido empieza por la letra equivocada."

Además, el escaso número de plazas disponibles provocará un efecto dominó. Los interinos que consigan una plaza podrían desplazar a otros compañeros que, a su vez, tendrán que buscar una nueva ubicación o quedarse sin empleo. Esto, según ANSITI, podría generar un colapso en cadena que afectará especialmente a los municipios más pequeños y a las zonas rurales más despobladas.

Una llamada a la acción

ANSITI ha hecho un llamamiento urgente a los responsables municipales y a los grupos parlamentarios para que intervengan de manera inmediata y ofrezcan soluciones legales que permitan garantizar la continuidad de los servicios en los ayuntamientos. La asociación insta a los alcaldes a trasladar su preocupación al Gobierno y a exigir cambios en el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, actualmente en tramitación, para que se adapte a la realidad de los municipios rurales.

"Si no se actúa de inmediato, vamos a ver ayuntamientos cerrando sus puertas y pueblos que perderán servicios esenciales. Esto es un problema de Estado", concluía Mila Pérez.

La incertidumbre y la preocupación se extienden entre los ayuntamientos rurales, que ven cómo el futuro de su funcionamiento administrativo queda en el aire. Sin una solución rápida y efectiva, el colapso administrativo y económico podría hacerse realidad en cuestión de meses.