EL DIPUTADO NACIONAL DEL PSOE, RUIZ DE DIEGO, ACOMPAÑARÁ A LOS INMATRICULADOS EN SU COMPARECENCIA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde comparecerá el próximo 2 de abril en la Comisión de Derechos Humanos y Peticiones de las Cortes de Aragón "al objeto de informar sobre el abuso de autoridad del alcalde de Monterde", tal y como señalan desde los Servicios Jurídicos de las Cortes de Aragón en la invitación enviada a los afectados para su intervención, que tendrá lugar en la Sala de Comisiones de la sede parlamentaria a las 10 horas.

El diputado del PSOE por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, Víctor Ruiz de Diego, ha anunciado este lunes que acompañará a los afectados en su comparecencia en Zaragoza, respaldando así la lucha de los vecinos frente a las decisiones del Ayuntamiento de Monterde en este conflicto de las inmatriculaciones que afecta a más de 150 propiedades privadas y unas 2.550 hectáreas de monte público. También acompañará a los afectados el diputado provincial de CHA, José Manuel Latorre.

Este paso llega al tiempo de que la Comisión de Peticiones del Congreso haya decidido trasladar el caso al Gobierno de España y al Defensor del Pueblo para que se pronuncien sobre este controvertido asunto, un proceso en el que Ruiz de Diego ha guiado a la Asociación de Afectados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. 

El conflicto comenzó hace más de dos años, cuando el Ayuntamiento de Monterde, presidido por José Gracia (PP), inició un proceso administrativo para inmatricular una gran cantidad de propiedades privadas y terrenos comunales. Los afectados no fueron informados ni notificados de este proceso hasta que una familia descubrió que la casa de una vecina fallecida había sido registrada a nombre del Ayuntamiento, impidiendo su tramitación como herencia.

Desde la Asociación de Perjudicados denuncian que el Ayuntamiento no cumplió con los pasos legales establecidos en la Ley 33/2003, que regula la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de las administraciones públicas. Entre los incumplimientos destacan la falta de convocatoria de pleno, la ausencia de información pública y la inexistencia de un periodo de alegaciones para que los afectados pudieran presentar sus reclamaciones.

El conflicto podría derivar en un alto coste económico tanto para los afectados como para el propio Ayuntamiento de Monterde. Según ha explicado Arturo Pardos, portavoz de los afectados, las primeras denuncias ya están siendo presentadas y se espera que, en una primera fase, unas 15 o 20 demandas sean registradas en los juzgados antes del 31 de marzo. "Presentar una demanda para recuperar una casa o una propiedad supone un gasto que puede oscilar entre los 2.000 y los 15.000 euros por cada proceso judicial, dependiendo del valor de la propiedad. Esto es un gasto injusto, porque estamos pagando para recuperar algo que es nuestro”, ha explicado Pardos.

Pero el coste no solo afectará a los afectados. El Ayuntamiento, que ya ha gastado aproximadamente 100.000 euros en asesorías legales y estudios técnicos relacionados con este proceso, también tendrá que afrontar los gastos de las costas judiciales si los tribunales dan la razón a los propietarios. De hecho, el caso de las inmatriculaciones ya ha producido una primera resolución judicial favorable para los afectados. 

Una vecina afectada, Raquel, logró que el Ayuntamiento se allanara a la demanda y reconociera su propiedad. Sin embargo, las costas judiciales no fueron asumidas por el Ayuntamiento, lo que ha generado malestar entre los afectados. "El Ayuntamiento se allanó porque sabía que iba a perder, pero aun así, las costas las tuvo que pagar la vecina afectada. Es una injusticia más que se suma a todo este proceso, pues el Ayuntamiento ha estado dilatando el proceso con argucias y constantes retrasos y peticiones de aplazamientos para encarecer el proceso y alargarlo", ha denunciado Pardos.

La Asociación de Perjudicados ha recurrido en varias ocasiones al Gobierno de Aragón para buscar una solución política al conflicto y evitar la vía judicial. La Dirección General de Administraciones Locales, dirigida por Marina Sevilla, se ha reunido con los afectados y ha mantenido conversaciones con el alcalde José Gracia para intentar mediar en el problema, aunque el alcalde sigue en su empeño. Pardos ha criticado también la falta de implicación por parte de los cargos del Partido Popular en la comarca, entre ellos el senador José Manuel Aranda y el presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, Ignacio Marcuello.

En cambio, la asociación ha encontrado apoyo en representantes de otros partidos como el PSOE e Izquierda Unida, que han facilitado la comparecencia en las Cortes de Aragón y han presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno se pronuncie sobre el caso. Víctor Ruiz de Diego, diputado del PSOE por Zaragoza, ha sido uno de los principales valedores para llevar el caso al ámbito nacional y ha confirmado que acompañará a los afectados en su comparecencia en las Cortes de Aragón el próximo 2 de abril. La presencia de Ruiz de Diego en este acto supone un importante respaldo político para los vecinos de Monterde, que siguen luchando para recuperar sus propiedades.