EL PP SACA ADELANTE EN EL SENADO LA LEY DEL MECANISMO RURAL DE GARANTÍA CON EL RECHAZO DEL PSOE

El Senado ha aprobado este miércoles la Ley del Mecanismo Rural de Garantía, una norma impulsada por el Grupo Parlamentario Popular que pretende garantizar que toda la acción normativa y política del Gobierno incluya una evaluación de su impacto en las zonas rurales. La iniciativa, rechazada por el PSOE, introduce una batería de medidas destinadas a evitar que el medio rural siga siendo el gran olvidado de las políticas públicas.

El senador soriano del PP, José Manuel Hernando, ha defendido la ley como un avance frente a la "propaganda subvencionada" del Ejecutivo. Ha criticado que el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico del Gobierno se ha quedado en "un compromiso y poco más" y ha subrayado que lo "verdaderamente revolucionario" de esta norma es que convierte el interés del mundo rural en una referencia obligada en toda la acción del Ejecutivo.

La nueva ley modifica la legislación estatal vigente para obligar a que cada proyecto de ley, real decreto u otra normativa del Gobierno incluya un informe de impacto demográfico y territorial. Este informe deberá analizar si las medidas pueden tener efectos negativos sobre las zonas rurales, especialmente las que sufren despoblación, y plantear soluciones específicas. Además, se crea un sistema de indicadores para medir ese impacto, que deberá ser definido por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en coordinación con otros órganos públicos.

Según Hernando, esta herramienta permitirá que no se repitan decisiones como el "nefasto Mapa Concesional del Transporte Terrestre", que ha dejado sin servicios públicos a millones de personas en el medio rural, o "la deslavazada planificación energética" que, en sus palabras, ha convertido a estos territorios en "meros artefactos de producción de energía" sin tener en cuenta sus habitantes.

La senadora turolense Carmen Pobo ha incidido en que la ley responde a la "inactividad" del Gobierno en materia de despoblación y ha exigido que este mecanismo tenga "entidad propia y no quede relegado a disposiciones adicionales" como hasta ahora. También ha defendido que la perspectiva demográfica debe ser transversal en los Presupuestos Generales del Estado.

Ambos senadores han subrayado que más del 84% del territorio español es rural, aunque solo el 16% de la población vive en él, y han recalcado que este desequilibrio no puede mantenerse si se quiere garantizar la igualdad de oportunidades.

Pese al rechazo socialista, la ley ha sido respaldada por otros grupos parlamentarios y cuenta con el aval de la Comisión Europea, que en su "Visión a largo plazo de las zonas rurales de la UE" anima a los Estados miembros a implementar este tipo de mecanismos para evitar que la legislación agrave los desequilibrios territoriales.

La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Gobierno dispondrá de un año para desarrollar los reglamentos necesarios. A partir de entonces, todas las normas deberán ser evaluadas bajo esta "lente rural", en lo que el PP ha descrito como un paso esencial para que el medio rural deje de ser una nota al pie en las políticas públicas.