La plaza José Luis de Arrese de Monterde ha vuelto a llenarse este domingo en la que ha sido, hasta la fecha, la concentración más numerosa convocada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde. El acto, celebrado una semana después del anterior, ha reunido a más vecinos y afectadas que nunca, en un ambiente en el que, según la organización, “la opinión pública en el pueblo empieza a despertar y a comprender el alcance de lo que está ocurriendo”.
Durante el encuentro, se han expuesto de nuevo los avances del proceso judicial y se compartieron detalles del procedimiento de inmatriculaciones con el que el consistorio, presidido por José Gracia (PP), ha registrado a su nombre más de 200 fincas, entre casas, campos y bodegas. La asociación denuncia que estas inscripciones se han realizado de forma opaca, sin los informes técnicos y jurídicos preceptivos, sin información pública y, en muchos casos, sobre propiedades históricamente de uso vecinal o particular.
Los portavocesha insistido en que el caso, destapado inicialmente por la gestión de la herencia de una vecina fallecida, ha sacado a la luz un mecanismo “sistemático e irregular” de apropiación de bienes, cuya única reparación posible pasará por la vía judicial. El primer juicio civil está previsto para septiembre. “El Ayuntamiento no tiene papeles, pero los propietarios sí”, reiteró Arturo Pardos, portavoz del colectivo, quien recordó que el daño emocional a muchas personas mayores ya es irreparable.
La concentración ha vuelto a contar también con la presencia de vecinos de Monterde hasta ahora simpatizantes del alcalde, en esta ocasión todavía más numerosos. Para la asociación, este hecho es un signo de cambio: “Ya escuchan. Empiezan a ver que las explicaciones del alcalde no se sostienen y que no hay transparencia”. Algo evidenciado también en el último pleno municipal de hace dos semanas, cuando el concejal popular José Colás - compañero de partido de Gracia y hoy presente en la concentración con los inmatriculados -, volvió a desmarcarse de las actuaciones del alcalde, a diferencia de los ediles Antonio Blancas y Sergio Pascual, que de momento mantienen su respaldo al regidor. "Si siguen apoyándole, serán cómplices", destacan los afectados.
El encuentro ha servido además para desmontar, con documentación, las declaraciones recientes del alcalde en medios de comunicación, y para denunciar el desarrollo del último pleno municipal, en el que Gracia impidió intervenciones vecinales y cortó la palabra a su propio concejal disidente.
La Asociación de Perjudicados ha advertido sobre la normativa aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar que permite a los ayuntamientos inmatricular propiedades con una simple certificación de secretaría, sin necesidad de debate público ni consentimiento previo de los afectados. Según el colectivo, esta herramienta legal, utilizada por José Gracia, abre la puerta a que situaciones como la que vive Monterde puedan producirse y reproducirse en cualquier municipio de España.
En el caso concreto de la localidad, denuncian que el consistorio ha llegado a incluir prácticamente la totalidad del término municipal como monte público en la documentación remitida a otras administraciones, lo que, alertan, podría afectar en el futuro a cualquier vecino.
Con al menos cinco causas judiciales abiertas, una investigación por presunto fraude electoral y un creciente malestar ciudadano, Monterde atraviesa una crisis institucional sin precedentes. La Asociación de Perjudicados ha anunciado que seguirá convocando movilizaciones “para gritar alto y claro que los pueblos no son fincas particulares ni laboratorios de abusos institucionales”.
JALON
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