CEPYME PIDE AL GOBIERNO UTILIZAR LAS AYUDAS A LA DESPOBLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) pide al Gobierno que concrete los incentivos a las empresas para frenar la despoblación, contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en la correspondiente Disposición adicional. De esta forma, la Confederación se suma a las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel para que se apliquen cuanto antes las ayudas que la Comisión Europea ha reconocido a las empresas de estas zonas por estar escasamente pobladas.

En la rueda de prensa celebrada esta mañana, los presidentes de CEPYME, Gerardo Cuerva, de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiago Aparicio, de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, han expuesto la grave situación que viven estas regiones como consecuencia de la despoblación y la necesidad de trabajar para frenar este proceso. Todos ellos han coincidido en destacar que las empresas son un actor fundamental para lograr asentar con éxito y expectativas la población al territorio. Asimismo, consideran que compensar la desventaja competitiva que en estos momentos presentan las empresas de estas tres provincias es crucial para conseguirlo, ya que fortalecerá la resistencia de las empresas localizadas en las zonas desfavorecidas y actuará de catalizador de nuevas inversiones conformando también una oportunidad competitiva para nuestro país, ya que situaría a estas provincias española en una situación similar a otros 18 territorios de Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Croacia y Letonia que cuentan con esta ventaja competitiva.

Después de un largo e intenso trabajo de las organizaciones empresariales mencionadas, apoyadas por los Gobiernos Regionales, las provincias de Soria, Cuenca y Teruel han sido reconocidas por la Comisión Europea como áreas escasamente pobladas al presentar una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto ha supuesto que en la revisión de las Directrices de ayudas de Estado con finalidad regional se contemple estas zonas como zonas desfavorecidas, lo que, a su vez, permite la concesión de bonificaciones a las empresas situadas en dichas provincias hasta un máximo del 20% de sus costes laborales.

Para lograr este reconocimiento, además de probar que estos territorios cuentan con graves desventajas demográficas, en sus alegaciones han probado que el hecho de recibir estas ayudas no supone competencia para el resto de empresas del país, ya que tienen un tejido productivo muy limitado que tan solo supone el 0,83% del PIB nacional y el 0,85% del total de empresas de España.

Tanto CEPYME como las organizaciones provinciales señalan que estas bonificaciones son una oportunidad para el conjunto del país, ya que las ayudas de funcionamiento solo son aplicables en áreas muy concretas de Europa y no sería entendible que España desaprovechase esta importante ventaja competitiva, que constituye una herramienta extraordinaria para atraer inversiones y empresas que, de otra forma, terminarán por implantarse en otros territorios de Europa.