EL PARLAMENTO EUROPEO DA LUZ VERDE A LA REFORMA DE LA PAC

El Parlamento Europeo (PE) ha dado el visto bueno final este martes a la segunda reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más profunda de la historia de la Unión Europea (UE), que aumenta las medidas medioambientales y da más responsabilidad a los gobiernos en el reparto de ayudas al campo. El Pleno de la Eurocámara ha ratificado la PAC para el quinquenio 2023-2027, un paso que culmina tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la UE, con la pandemia y la emergencia climática de fondo, así como una acuciante crisis global por el alza de las materias primas.

La PAC es una de las partidas europeas más importantes para España, que ha supuesto 45.000 milones de euros en ayudas para los agricultores y ganaderos del país en el sexenio 2014-2020. Del total de 390.000 millones de euros que contempla la partida comunitaria, España recibirá 47.724 millones, convirtiéndose en el tercer país más beneficiado tras Francia y Alemania.

La nueva política quiere ser más verde, igualitaria y social. Establece así un escudo para los derechos laborales y solo podrán acceder a ella aquellos trabajadores que los respeten. Cuestiones como la regularización de contratos a temporeros o estar al corriente de las obligaciones fiscales será requisito fundamental para recibir los pagos.
En el apartado ecológico, el sector es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, otro de los retos de la agricultura europea del S. XXI es su adaptación a la transformación ecológica y alcanzar un equilibrio para que los más vulnerables puedan también asumir el coste de esta transición sostenible. La nueva PAC fija la puesta en marcha de ecoesquemas: pagos destinados a desarrollar una agricultura y sostenible. Este mecanismo supondrá que el 25% de las ayudas directas que recibirá el campo español tendrán que ir destinadas a medidas ecológicas y el 35% al desarrollo rural.

La tercera característica principal de la nueva PAC es la limitación de las subvenciones: no podrán superar los 100.000 euros con el objetivo es reducir la desigualdad entre las grandes explotaciones y los agricultores y ganaderos más pequeños. Además, contempla también que el 3% de los receptores sean jóvenes y exige por primera vez a los Gobiernos nacionales que incluyan planes que fomenten la igualdad en un sector tradicionalmente masculino.