EL I.E.S. ZAURÍN EXPULSA POR MANIFESTACIÓN ILEGAL A LOS ALUMNOS IMPLICADOS EN LAS PROTESTAS POR EL FESTIVAL DE NAVIDAD

El pasado 16 de diciembre, un numeroso grupo de alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Zaurín' de Ateca, protagonizaron una protesta en el patio motivada por la decisión de la directiva del centro de suspender el Festival de Navidad, que estaba organizando el curso de 1º de Bachillerato. La situación sanitaria obligó a esta decisión, mal recibida por parte del alumnado, que se decidió a hacer visible su desacuerdo con una concentración que los propios alumnos, entre los que había integrantes de todos los cursos, describen como "pacífica", pero que terminó con la presencia de una pareja de la Guardia Civil en el centro, dejando constancia de la protesta, y unos alumnos que dicen haber sido "encerrados en el patio".

Un mes después, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, la directiva del I.E.S. Zaurín ha enviado una comunicación a los padres y madres de la comunidad educativa del centro, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se les informa de que "a lo largo de los días 13 y 14 de enero se procede a comunicar al alumnado implicado y a sus familias, las medidas correctoras correspondientes". El centro ha rehusado hacer declaraciones a este medio y entre este jueves y hoy, viernes 14 de enero, los alumnos implicados, hasta 121 según informan desde el alumnado, han recibido una notificación de expulsión, cuyo alto número habría llevado a la decisión de realizarlas por turnos.

Los alumnos se mostraban este jueves indignados por la decisión de expulsarles y reiteraban el carácter pacífico de la manifestación y su incomprensión a la presencia de la Guardia Civil. Entre los expulsados, se encuentran también alumnos que se vieron "encerrados en el patio", según testimonios de algunos padres, y cuya intención "no era manifestarse, sino volver a clase". Entre los padres de estos, existe también malestar por una decisión que consideran arbitraria y desproporcionada. Desde el centro indican en su comunicado que "el alumnado de manera voluntaria decidió no entrar a clase cuando el profesorado, previendo cualquier acción reivindicativa, decidió organizar un dispositivo para garantizar una correcta entrada del alumnado en el edificio" y aseguran que "todo aquel alumnado que decidió acudir a clase y no secundar la reivindicación entró a sus aulas correspondientes" y que "cuando acudieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para comprobar la acción reivindicativa, una parte del alumnado se percató de que el asunto era serio y empezaron a argumentar que ellos querían ir a clase y que no podían".

En su comunicado, la directiva del centro justifica haber llamado a la Guardia Civil "para proceder a la comprobación de dicha concentración ilegal", acogiéndose al incumplimiento por parte de los alumnos del punto 10.3 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. En dicho apartado, el Decreto dice que "las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del tercer curso de la Educación secundaria obligatoria, con respecto a la inasistencia a clase, no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia del centro ni serán objeto de corrección cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro por el órgano de representación del alumnado correspondiente".

La no comunicación previa de la manifestación, que debió hacerse según comunica la directiva del 'Zaurín' "con una antelación mínima de cuatro días", ha servido a la directiva para ilegalizarla, teniendo constancia con la personación de los agentes de la Guardia Civil, de una concentración que, según dicen en su comunicado, "se justifica con unos argumentos que no compartimos". Utilizando el Decreto 73/2011, se formalizan unas expulsiones disciplinarias que van a castigar con un día de expulsión a todos los participantes, menos a los de 1º de Bachillerato, que estarán una semana expulsados por ejercer de forma errónea su derecho a manifestación, y a los que hoy se ha comunicado que recibirán clases online.

En el mismo Decreto 73/2011 utilizado para castigar al alumnado, se dice que "en el marco de la normativa vigente, los directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado dentro del horario del centro y facilitarán la utilización de las instalaciones del mismo" y que es un deber del profesorado "la contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática", algo de lo que se quejan los alumnos, que dicen no haber sido avisados de que tenían que informar de la manifestación con cuatro días de antelación y van a remitir cartas a la directiva del centro con sus quejas, que también están recibiendo por parte de los padres y madres molestos.