EL GOBIERNO DE ARAGÓN ESPERA HACER LLEGAR "EN SEMANAS" LAS AYUDAS A LOS AFECTADOS POR EL INCENDIO

En la mañana de este miércoles se han reunido en Ateca los alcaldes de los municipios afectados por el incendio del Alto Jalón con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez-Quero; el presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, Ramón Duce; y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Maria Dolores Pascual. La reunión, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del consistorio atecano, ha servido para que los ayuntamientos trasladen al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza una primera evaluación de daños en infraestructuras municipales, riegos y explotaciones agropecuarias que deben ser atendidas prioritariamente.

El consejero Olona ha anunciado ante los medios que el Decreto Ley que está elaborando su departamento para ayudar a la recuperación de la actividad agrícola y ganadera de la zona avanza “a muy buen ritmo” y que el objetivo es “aprobarlo en este mes de agosto”. Del mismo modo, el consejero ha anunciado que el Decreto Ley contendrá una nueva fórmula de gestión de las ayudas que permitirá reducir los plazos "considerablemente" en base a una fórmula de concesión directa y con carácter excepcional, que permitirá pagar a los afectados a la mayor celeridad posible. “No serán meses, sino pocas semanas”, señala el consejero refiriéndose a los plazos en los que los afectados recibirán sus ayudas.

Olona ha expresado también su preocupación por cómo puede afectar la situación provocada por el incendio a la despoblación y ha confirmado que se ha tenido en cuenta la particularidades como que los agricultores de los frutales van a tardar diez años en recuperar su productividad. En este sentido, el consejero ha confirmado que “van a ser ayudas por hectárea y por cabeza de ganado, y del 100% de los daños producidos en infraestructuras de riego”, recalcando que se trata de una medida “excepcional” porque “está en peligro la continuidad de muchos agricultores e incluso de algún núcleo urbano”.

Depuración de responsabilidades 

El consejero Olona también ha comentado esta mañana que el Gobierno de Aragón acatará las prohibiciones de trabajar en el monte, y a menos de 400 metros de él,  en situaciones de alto riesgo de incendio que aprobó el pasado lunes el Gobierno de España. No queriendo entrar a valorar si esta prohibición estatal da la razón a los que piensan que se podría habría evitado el incendio del pasado 18 de julio si el Gobierno de Aragón hubiera prohibido los trabajos que lo causaron, el consejero ha confirmado que por parte de su Gobierno, “los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía”. 

En este sentido, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez-Quero, ha señalado que “no había una ley que prohibiese esos trabajos” y ha invitado a los ayuntamientos afectados a “personarse con nosotros” a la demanda civil en la que trabajan los servicios jurídicos de la institución provincial, mediante la que van reclamar los daños “a la empresa que provocó el fuego”.

La DPZ no escatimará en esfuerzos para restituir las infraestructuras de titularidad municipal.

En cuanto a la reconstrucción de las zonas afectadas, Sánchez-Quero ha alabado la “cooperación entre todas las administraciones”. Pendientes de una declaración de zona catastrófica que esperan que se apruebe “próximamente”, el presidente de la DPZ ha confirmado que desde su institución “no vamos a escatimar en esfuerzos para que vuelva todo a su normalidad” y que “nos vamos a hacer cargo de todas las infraestructuras municipales que estén dañadas”. De hecho, la DPZ trabaja ya en Moros con “tres máquinas para hacer derribos”, ha indicado Sánchez-Quero, anunciando que “vamos a enviar a los técnicos de la institución a todos los municipios afectados para que hagan una valoración y podamos poner todos los medios necesarios”.

La CHE actuará "lo antes posible" sobre el cauce del Manubles para evitar el riesgo de avenidas por las tormentas.

En la reunión de hoy también ha estado presente la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, quien ha confirmado que se van a realizar “actuaciones en los cauces” atendiendo la “preocupación que algunos municipios nos han manifestado ante la presencia de restos de árboles quemados que ante alguna avenida o alguna tormenta podrían crear tapones en el río Manubles”. Para ello, ya trabajan sobre la zona los técnicos de la CHE y de la empresa TRAGSA para “valorar y establecer unas prioridades” como paso previo a unas actuaciones que se iniciarán “lo antes posible” para “salvar el primer riesgo de una posible avenida por alguna tormenta”, ha indicado Pascual. En cuanto al medio y largo plazo, la presidenta de la CHE ha señalado que “tendremos que desarrollar proyectos de recuperación de nuestro monte”, para lo que se coordinarán “con los servicios forestales del Gobierno de Aragón”.

Primeras valoraciones oficiales de la afección del incendio del Alto Jalón.

El Servicio Provincial de Zaragoza ha hecho un primer avance de los usos del suelo dentro del perímetro afectado por el incendio, que finalmente es de 13.825 hectáreas, distribuidas del siguiente modo: 10.500ha de monte (7.000ha de pasto arbustivo, 2.500ha arboladas y 1.000ha de pastizales y eriales); 3.000ha de labor (2.560ha de secano -1.490ha de herbáceos, 930ha de almendro y olivo y 140ha de viñedo- y 445ha de regadío -230ha de frutales, 206 herbáceos y 11ha de viñedos-); y 25ha de otros usos.

Un hecho destacable es que 1.170ha corresponden a pastos declarados en la PAC y que, por tanto, sustentan ayudas a la ganadería extensiva, por lo que requiere de la adopción de medidas administrativas -que ya se están estudiando- para mantener la actividad ganadera durante los próximos años. Asimismo, ya se han identificado 11 ganaderos de ovino que suman 5.885 cabezas de ganado, que se verán directamente afectadas por el acceso a dicho pastos. "Esto requiere de la búsqueda de soluciones alternativas de pastoreo para afrontar la limitación impuesta por el propio incendio, así como la aplicación de ayudas excepcionales vía el Decreto-ley en el que se trabaja", ha explicado el consejero.

Respecto del ámbito agrícola, las mayores afecciones se sitúan en los cultivos leñosos, cuyas superficies tanto en secano (1.070ha) como en regadío (241ha) tienen "muy distinto" grado de afección, y "unas 100ha en regadío y no menos de 200 en secano presentarían afecciones graves o muy graves y que en su mayor parte requerirán su arranque y replantación", ha señalado el consejero. Estos daños a los cultivos leñosos afectan a 126 agricultores, de los que 47 son titulares de explotaciones prioritarias.

Por otro lado, en las afecciones a las infraestructuras colectivas de riego gestionadas por las comunidades de la zona se han visto "gravemente afectadas" en una extensión de 1.695 metros lineales, por lo que requieren de su inmediata reposición.