ARAGÓN INICIA UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FUTURA LEY DE LA VIVIENDA

El Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Dirección General de Relaciones Institucionales, ha lanzado un proceso de participación ciudadana para debatir y enriquecer el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón. El objetivo es recoger aportaciones de distintos actores y la sociedad civil para adaptar la normativa a las necesidades específicas de la comunidad autónoma.

Hoy se celebró una sesión informativa en la Sala Jerónimo de Zurita del Edificio Pignatelli, con la presencia del consejero Octavio López, quien destacó la importancia de una ley que aborde los desafíos territoriales y sociales de Aragón. “Necesitamos una ley de vivienda que dé respuesta a las necesidades concretas de la comunidad y cubra la demanda urgente de vivienda”, señaló López. El anteproyecto fue presentado ante el Consejo de Gobierno el pasado 31 de julio y ahora busca ser mejorado con las contribuciones del proceso participativo.

El texto del anteproyecto se centra en temas clave como el aumento de precios, la escasez de oferta, y la necesidad de políticas públicas más activas en la promoción de vivienda. En su intervención, Carmelo Bosque, director general de Urbanismo, enfatizó que la falta de un parque público adecuado, que actualmente se sitúa en solo un 2% del total, complica la emancipación de los jóvenes, afectando también a la natalidad en la región.

La secretaria general técnica del Departamento, Asunción Casabona, detalló que el proceso de participación incluirá cuatro talleres (dos presenciales y dos virtuales) y que las aportaciones estarán listas a finales de septiembre. Posteriormente, en octubre, el texto será revisado por la Dirección General de Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón, antes de ser debatido en las Cortes con el objetivo de que la ley se apruebe en 2025.

La futura Ley de Vivienda de Aragón buscará aumentar la promoción de viviendas con alta participación pública, aprovechando suelos infrautilizados y destinando recursos económicos para que los hogares no dediquen más del 30% de sus ingresos a una vivienda digna.