LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SALEN ESTE MIÉRCOLES A LA CALLE BAJO EL LEMA "LA SALUD DE MILLÓN Y MEDIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO ES UNA MERCANCÍA"

La asistencia sanitaria de los funcionarios públicos en España enfrenta una situación crítica, según ha alertado ANPE, el sindicato de docentes de la enseñanza pública española. La renuncia de las principales aseguradoras a participar en el próximo concierto sanitario de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) pone en riesgo la atención de 1,5 millones de mutualistas y sus beneficiarios.

En un esfuerzo conjunto sin precedentes, ANPE, junto con otras nueve organizaciones sindicales de la función pública  —CCOO, UGT, ANPE, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP, SIAT, SUP y USO—, ha convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia de España para mañana, 11 de diciembre. El objetivo es exigir un acuerdo urgente que despeje la incertidumbre y brinde plenas garantías a los mutualistas. 

En Aragón, las movilizaciones tendrán lugar en Zaragoza, Huesca y Teruel, uniéndose a una acción sindical coordinada en todo el país. Los sindicatos han advertido que están dispuestos a intensificar las medidas de presión si no se alcanza una solución satisfactoria en breve. La cita en Zaragoza es frente a la oficina de DKV-SALUD a las 11 horas (Gran Vía de don Santiago Ramón y Cajal, nº 5, 50006).

ANPE y otras organizaciones sindicales señalan a las aseguradoras como responsables de una estrategia que califican de "insaciable". Estas empresas han argumentado que el modelo MUFACE está infrafinanciado y han solicitado mayores aportaciones económicas para cubrir los servicios. Sin embargo, los sindicatos acusan a las aseguradoras de priorizar sus beneficios mediante prácticas de "selección de riesgos", derivando casos más graves y costosos al sistema público de salud.

Por otro lado, los sindicatos exigen al Gobierno que cierre de manera inmediata un nuevo convenio y presente un plan de viabilidad que garantice la sostenibilidad de la asistencia sanitaria del funcionariado. Según ANPE, la falta de un acuerdo inmediato podría generar un colapso del sistema sanitario público, con el consiguiente aumento de las listas de espera y una sobrecarga de recursos en hospitales y centros de salud.

Los mutualistas, en el centro de esta crisis, son los grandes perjudicados. ANPE denuncia que están siendo utilizados como "rehenes" en este conflicto, poniendo en riesgo su salud. Desde la organización insisten en que la renovación del concierto sanitario no solo debe garantizar la atención médica, sino también mejorar las prestaciones actuales. “La incertidumbre que están sufriendo los funcionarios es inaceptable”, señalan desde ANPE. Por ello, exigen tanto al Gobierno como a las aseguradoras un acuerdo razonable y estable que priorice la atención sanitaria sobre los intereses económicos.

ANPE ha presentado además un escrito a los grupos parlamentarios en el que alerta sobre las graves consecuencias de no renovar el concierto sanitario de MUFACE. Entre los posibles efectos destacan el colapso del sistema público de salud, incapaz de absorber a los mutualistas, y un aumento significativo de las listas de espera, con efectos directos en la calidad asistencial. La organización reitera que tanto aseguradoras como Gobierno deben actuar con responsabilidad para evitar una crisis sanitaria de enormes proporciones.

En sus reclamaciones, ANPE insta a las aseguradoras a alcanzar un acuerdo que priorice la atención sanitaria por encima de los beneficios económicos. Al Gobierno le exige poner sobre la mesa una solución clara y transparente que ofrezca garantías a los mutualistas. El conflicto pone en el centro del debate la sostenibilidad de un modelo sanitario que ha sido clave para el funcionariado público. Mientras tanto, los sindicatos advierten que continuarán con las movilizaciones hasta obtener un acuerdo que dé tranquilidad y estabilidad al colectivo afectado.