Ayer, cerca de un centenar de empleados públicos se congregaron frente al Ayuntamiento de Calatayud para expresar su rechazo a la posible privatización del servicio municipal de Ayuda a Domicilio. La protesta, convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento, se celebró en un ambiente de tensión e incertidumbre, tras el reciente anuncio del consistorio de estudiar la externalización del servicio, una medida que ha generado un intenso debate en la ciudad.
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, justificó esta iniciativa en la última junta de gobierno, argumentando que la creciente demanda del servicio y la falta de recursos para satisfacerla hacen necesaria la intervención de una empresa externa. "Con una empresa externa podríamos aumentar la disponibilidad de horas de servicio y satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos", afirmó Aranda. Según el regidor, esta medida también podría beneficiar a los trabajadores con contratos reducidos, al ofrecerles una mayor carga laboral.
Sin embargo, el Comité de Empresa ha criticado duramente la falta de transparencia y la ausencia de diálogo en la toma de esta decisión. Félix Serrano, presidente del comité y miembro del sindicato CGT, denunció que los trabajadores se enteraron de la posible privatización "a través de los medios de comunicación y por las propias compañeras del servicio", sin que se haya contado con la participación sindical en las reuniones organizadas por el consistorio. Serrano ha exigido al Ayuntamiento información detallada sobre los contratos actuales, el coste del servicio público y una previsión de los gastos que implicaría la externalización, además de garantías sobre las condiciones laborales de los empleados.
La concentración, celebrada ayer jueves a las 16:30 horas, justo antes del Pleno municipal, contó con el respaldo de representantes políticos de la oposición. Entre los asistentes se encontraban, entre otros, Sandra Marín, concejal del PSOE en el Ayuntamiento y consejera comarcal; Nerea Marín, diputada provincial por Izquierda Unida en la DPZ, acompañada de José Ángel Miramón, coordinador de En Común Izquierda Unida; y Marta Abengochea, coordinadora de IU en la provincia de Zaragoza.
Desde Izquierda Unida han mostrado su total respaldo a la convocatoria del comité de empresa, exigiendo al consistorio la negociación del pacto-convenio y manifestando su oposición a la privatización del servicio. Abengochea fue contundente en sus declaraciones durante la manifestación, afirmando que "privatizar servicios públicos es un ataque frontal a los derechos de la ciudadanía. La derecha nunca duda en convertir nuestros derechos en bienes de mercado con los que hacer negocio, y en un tema de especial sensibilidad como es el cuidado de nuestras personas mayores debemos oponernos a cualquier tipo de privatización y exigir inversión en un servicio de calidad, que garantice igualdad de acceso y que se gestione desde lo público".
La posible externalización de la Ayuda a Domicilio en Calatayud sigue generando incertidumbre entre los empleados y los usuarios del servicio, quienes temen que la gestión privada pueda traducirse en un deterioro de las condiciones laborales y de la calidad asistencial. Mientras tanto, la presión social y política se mantiene, con nuevas movilizaciones en el horizonte para frenar esta medida.
JALON
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