UN CONCEJAL DEL PP ROMPE FILAS CON EL ALCALDE DE MONTERDE Y SE DESVINCULA DEL PROCESO DE LAS INMATRICULACCIONES

El Ayuntamiento de Monterde ha celebrado esta mañana un pleno municipal cargado de tensión, en el que se ha dado cuenta de la primera sentencia judicial relacionada con las polémicas inmatriculaciones realizadas por el consistorio. Una sentencia que reconoce la legítima propiedad de una vecina afectada y obliga al Ayuntamiento a revertir la inmatriculación del terreno en cuestión, después de que el propio consistorio se allanara a la demanda.

La lectura de la sentencia por parte del secretario municipal ha marcado uno de los momentos más esperados por los vecinos y vecinas afectados, que han seguido con atención una sesión marcada por la falta de respuestas del alcalde, José Gracia (PP), y por los silencios que han rodeado varias de las preguntas lanzadas por el concejal socialista Jorge Colás.

El edil de la oposición ha insistido en conocer el coste económico que han supuesto para las arcas municipales tanto este juicio como otros procedimientos judiciales perdidos por el Ayuntamiento, entre ellos el relativo a la aprobación de los presupuestos de 2023, en el que se vulneró el derecho del concejal Colás a participar al no ser convocado. Sin embargo, el alcalde ha evitado responder a prácticamente todas las cuestiones planteadas. En un momento de la sesión, incluso ha intentado impedir que los vecinos grabaran el desarrollo del pleno, lo que ha generado aún más malestar entre el público asistente.

La sorpresa del día ha llegado desde dentro del propio equipo de Gobierno. El concejal popular José Colás (PP) ha tomado la palabra para desmarcarse públicamente de la actuación del alcalde en el caso de las inmatriculaciones. “Cuando se dice que el Ayuntamiento ha decidido esto y lo otro, no es el Ayuntamiento, sino el alcalde”, ha afirmado, asegurando que él no votó a favor de estas decisiones y que, si lo hizo, fue “porque nos pasaron el BOA donde se han notificado las inmatriculaciones de tapadillo". 

También José Colás ha dado la razón a los afectados en sus acusaciones al alcalde de falta de transparencia en el proceso. El concejal del equipo de gobierno de Gracia se ha mostrado contrario al proceso que se ha seguido para llevar a cabo las inmatriculaciones en varias ocasiones y ha destacado que "ese boletín ni estuvo expuesto en el tablón de anuncios ni nadie en el pleno lo conocíamos”. Colás ha criticado abiertamente la deriva autoritaria del equipo de gobierno al señalar que “aquí antes se tomaban muchas decisiones por votación que ahora solo decide el alcalde, esta es solo una de ellas”.

De esta manera se ha vivido esta mañana el primer desencuentro entre una corporación municipal, la de José Gracia, a la que los afectados por las inmatriculaciones apuntan como "cómplices" de una actuación municipal que definen como "una triquiñuela legal para quitarnos nuestras propiedades", y de la que se dieron cuenta por la tramitación de una herencia por la muerte de una vecina. 

De hecho, una de sus principales quejas es que "el Gobierno de Aragón no ha hecho nada a pesar de que estas inmatriculaciones se hicieron  sin informar a los afectados y ni siquera al pleno municipal". “Dejaron de pagar IBI hace 14 años, cuando este alcalde se lo dejó de cobrar… qué casualidad que luego vengan las inmatriculaciones... pero habían estado pagando contribución de toda la vida”, ha recordado el concejal del PSOE, Jorge Colás, durante el pleno, subrayando la sospechosa secuencia de hechos. Los afectados aseguran que "llegaremos hasta el final para que todos los que han permitido esto paguen por el daño que nos están haciendo con esta tropelía".

El pleno coincide además con el último día de plazo para que los vecinos afectados por las inmatriculaciones denuncien su situación y eviten que sus propiedades pasen directamente al inventario municipal. Según Arturo Pardos, portavoz de la asociación de afectados, ya se han tramitado cerca de una veintena de denuncias, aunque podrían ser más de 200 las propiedades inmatriculadas de forma irregular. “La mayoría son bodegas o terrenos de poco valor, menor del que nos va a costar llevar los casos a los tribunales, y deciden de momento no denunciar. El resto son viviendas, sobre todo de gente mayor, a las que les quieren quitar sus casas y vamos a luchar hasta el final por ellas”, ha explicado Pardos.

El representante de los afectados intervendrá el próximo 2 de abril ante la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Aragón para exponer el caso. Pardos ha agradecido el respaldo recibido por parte del diputado autonómico Álvaro Sanz (IU), quien ha trasladado el asunto a las Cortes de Aragón, y del congresista Víctor Ruiz de Diego (PSOE), que acompañará a los vecinos en su comparecencia y colabora en la presentación del caso ante el Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Peticiones ya ha tramitado la solicitud de los afectados y ha trasladado el expediente tanto al Gobierno como al Defensor del Pueblo.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Monterde, presidido por José Gracia, acumula frentes judiciales. A la sentencia en contra por las inmatriculaciones y el fallo sobre los presupuestos de 2023 se suma una nueva oleada de litigios por las inmatriculaciones —más de una veintena— y la investigación abierta en el Juzgado nº1 de Calatayud por un presunto caso de fraude electoral relacionado con la figura del propio alcalde. Todo ello sin que el alcalde haya respondido hoy a lo que han costado hasta ahora los juicios perdidos, ni se conozca lo que costarán los futuros a las arcas municipales. Sin embargo, los afectados, a los que la situación sí afecta a su bolsillo, saben que "a nosotros nos puede llegar a costar entre 10.000 o 15.000 euros defender nuestras propiedades", según aseguran los afectados.