LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA FERROVIARIA DEJAN SIN AGUA A LOS VECINOS DE LA ESTACIÓN DE TORRALBA DEL MORAL

Maite Blanco, vecina del histórico poblado ferroviario de Torralba del Moral, ha vuelto a alzar la voz en Alto Jalón Radio para denunciar la crítica situación que atraviesan los escasos habitantes que aún resisten en las viviendas de este enclave, ahora "arrasado por las obras de la autopista ferroviaria. Esto parece Chernóbil”, lamenta con contundencia Blanco, describiendo un entorno de tierra removida, maquinaria pesada, instalaciones destruidas y condiciones cada vez más inhumanas.

Desde hace más de dos años, ADIF ha comenzado un proceso de desalojo judicial progresivo de los inquilinos del poblado, que han vivido allí durante décadas —algunos más de medio siglo— sin ofrecer alternativa clara ni proyecto conocido para el futuro de las viviendas. Según denuncia Blanco, “no sabemos qué quieren hacer con el poblado, pero todo apunta a que lo quieren dejar derruir”.

El problema se ha agudizado drásticamente desde que comenzaron las obras de la autopista ferroviaria. "Las excavaciones en el túnel y el levantamiento de las vías han destruido la acometida de agua que abastecía las viviendas a través de un sistema de tuberías y depósito por gravedad. Desde Semana Santa ya no tenemos agua. El 1 de mayo el alcalde logró traernos un camión cisterna, pero lo tuvimos que pagar nosotros”, explica Blanco, visiblemente indignada avirtiendo también que "nos han dicho los obreros que hasta Navidades no habrá forma de recuperar el suministro”, denuncia.

En cuanto a posibles ayudas para solucionar antes el problema, Blanco afirma que han intentado dialogar con el Ayuntamiento de Medinaceli para conectarse a la red de agua del pueblo, cuya residencia está apenas a 80 metros. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa por los problemas de abastecimiento que sufre el municipio. “Nos dicen que tienen problemas de abastecimiento. Si es así, habrá que buscar ayuda en otras entidades. Nosotros estamos dispuestos”. Desde el Ayuntamiento señalan, además de estos problemas, la situación de que las casas y el terreno son propiedad privada de ADIF y podrían incluso incurrir en algún tipo de asunción irregular de competencias de tomar cartas en el asunto, aunque aseguran que no van a dejar a los vecinos tirados mientras estén viviendo allí.

Los vecinos incluso han propuesto a ADIF una solución razonable para solucionar el problema de abasttencimiento de agua: que los propios vecinos costearan los arreglos de infraestructuras  a cambio de cesar los desahucios, pero no han recibido respuesta. “Solo pedimos que dejen de llevarnos a juicio”, dice con resignación.

Además del problema del agua, Maite relata una situación de abandono absoluto: sin baños portátiles para los trabajadores, sin cobertura móvil adecuada y con la estación ferroviaria completamente a oscuras por las noches. “Les dejamos la luz encendida a los guardias jurados por si pasa algo, porque allí no hay nada, ni para comer, ni para ir al baño, os podéis imaginar como huele todo a orines”, afirma. 

A esta precariedad laboral del personal de vigilancia, se suma el incremento de robos en viviendas habitadas y deshabitadas. “Han entrado en varias casas, han roto puertas, han robado microondas, bicis, un TDT… Son cosas pequeñas, pero necesarias para vivir”, relata Blanco, quien asegura que "nunca antes había ocurrido algo así con esta frecuencia".

Con todo, entre las obras y el abandono durante décadas, la situación del poblado ferroviario contrasta con otros ejemplos de reutilización exitosa del patrimonio ferroviario. “Han rehabilitado estaciones en Zamora y en otros lugares. Aquí también se podría hacer. Hay estaciones convertidas en albergues que han revitalizado pueblos. ¿Por qué aquí no?”, se pregunta Maite Blanco.  Una posible revitalización que podría, por otro lado, estar siendo la clave para que ADIF quiera desahuciar a los inquilinos de sus viviendas. 

Blanco aclara que hasta 2022 les desde el administrador ferroviario aseguraban que los inquilinos podrían comprar sus viviendas, pero haciéndose eco de informaciones recogidas por Heraldo de Soria, advierten que ahora ADIF contempla vender todo el conjunto a empresas privadas o fondos para que desarrollen alguna actividad relacionada con el turismo, algo que habría llevado al administrador, según relata Maite, a emprender las acciones judiciales con las que pretenden desahuciar a los inquilinos. 

Maite Blanco concluye con una llamada a la acción: “No sabemos qué más podemos hacer. Solo pedimos que alguien nos escuche, que no dejen perder este patrimonio. Soria siempre es la última. La España despoblada también tiene clases, y nosotros somos los de segunda”.

Escucha aquí la entrevista completa.