EL DELEGADO DE TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DE CGT DENUNCIA EN LAS CORTES DE ARAGÓN QUE LOS TÉCNICOS EN EMERGENCIAS "TIENEN FUNCIONES SIN RECONOCER NI PAGAR PESE A SER EXIGIDAS POR EL SALUD"

El delegado de la Sección Sindical de CGT en el Transporte Sanitario Urgente, José Villa, ha comparecido ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de Aragón para denunciar la situación de más de mil trabajadores del sector, cuyas condiciones laborales siguen reguladas por un convenio colectivo caducado desde 2018. "Somos técnicos en emergencias sanitarias con funciones sin reconocer ni pagar, a pesar de ser exigidas por el Salud", ha asegurado. Y ha añadido: "Somos más de mil familias pagando condena sin haber cometido delito".

Durante su intervención, Villa ha descrito un contexto de sobrecarga asistencial y deterioro estructural. "La demanda asistencial y la carga de trabajo es cada día más alta, el servicio está cada vez más saturado y la población más envejecida", ha señalado. En su opinión, a pesar de que se les considera un servicio esencial por su intervención en emergencias como riadas, apagones o pandemias, los derechos laborales básicos siguen sin garantizarse.

Entre las principales reivindicaciones, el delegado sindical ha destacado la falta de actualización salarial. "Es misión imposible vivir con salarios de 2018 en 2025 porque los gastos llevan subiendo varios años", ha lamentado. También ha denunciado impagos por trabajar en festivos, descuentos indebidos en días de asuntos propios, falta de dietas y dificultades para ejercer permisos por cuidados familiares o lactancia.

A todo ello se suma, según Villa, la precariedad del parque móvil y de las instalaciones. "Los vehículos están mal mantenidos, los frenos se cambian tarde, no funcionan las climatizaciones y las bases están en condiciones deplorables", ha explicado. También ha criticado que con cada nueva adjudicación del contrato “se pierden los pocos derechos adquiridos”.

Las reacciones de los grupos parlamentarios han sido unánimes en el diagnóstico crítico del modelo actual. Desde el PP, Susana Gaspar ha reconocido que “el pliego y el contrato que se firmó es una chapuza” y ha urgido a redactar uno nuevo que garantice los derechos laborales. El PSOE, por medio de Sergio Ortiz, ha manifestado que "el Gobierno de Aragón tiene que vigilar los contratos" y se ha mostrado preocupado por la infradotación del equipamiento de las ambulancias.

Vox, CHA, Teruel Existe y PAR también han coincidido en la gravedad de la situación. Carmen Rouco (Vox) ha subrayado la necesidad de un nuevo convenio y ha preguntado por la interlocución con el Departamento de Sanidad. Isabel Lasobras (CHA) ha calificado de "indigna" la situación laboral del colectivo y ha criticado que se priorice la lógica empresarial frente al servicio público. Pilar Buj (Teruel Existe) ha sido tajante: "Un servicio esencial no debería estar externalizado". Y Alberto Izquierdo (PAR) ha denunciado que "la empresa adjudicataria cobra por unas bases que ni siquiera pone", mientras que los salarios de los trabajadores siguen siendo “ridículos”.

La comparecencia ha puesto de manifiesto una problemática estructural que arrastra años de inacción administrativa, dejando a los profesionales de un servicio vital en una situación laboral insostenible.