COAG Y UATAE RECLAMAN AL GOBIERNO UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA DIGNA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS AUTÓNOMOS

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han registrado este jueves en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una solicitud formal para que se inicie el procedimiento que permita a los agricultores y ganaderos autónomos acogerse a la jubilación anticipada, en virtud del nuevo Real Decreto 402/2025 aprobado el pasado 27 de mayo.

Ambas organizaciones consideran que se dan las condiciones para aplicar los coeficientes reductores previstos por la normativa, debido a la alta siniestralidad y las condiciones especialmente penosas de estas actividades. Según datos del Ministerio de Trabajo, el sector agrario registró en 2023 el mayor índice de mortalidad laboral de todo el país, con 8,23 fallecidos por cada 100.000 trabajadores. Esta tasa se triplica a partir de los 55 años, alcanzando los 20 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores en esa franja de edad.

“No estamos pidiendo privilegios, sino justicia social. El campo envejece jugándose la vida. No es razonable exigir que nuestros hombres y mujeres del campo trabajen hasta los 67 años”, ha afirmado Miguel Padilla, secretario general de COAG, tras presentar el informe técnico y jurídico que respalda la petición.

Desde UATAE, su secretaria general María José Landaburu ha recordado que el Estatuto del Trabajo Autónomo prevé la convergencia de derechos entre autónomos y trabajadores del régimen general. “Hoy damos un paso más para que se reconozca el carácter penoso y peligroso de trabajos como la agricultura, la ganadería o la apicultura, que sufren una alta morbilidad y mortalidad laboral”, ha señalado.

El informe presentado por COAG documenta con detalle las condiciones de riesgo a las que se exponen estos profesionales: manejo de maquinaria pesada, uso continuado de productos químicos, sobreesfuerzo físico, trabajos en soledad en entornos remotos, condiciones meteorológicas extremas y contacto directo con animales de gran porte. Todo ello deriva en una elevada incidencia de enfermedades musculoesqueléticas, infartos, amputaciones y otras dolencias graves.

Javier Fatás, responsable de Seguridad Social Agraria de COAG, ha alertado de que “se exige a personas que han manejado tractores de 35 toneladas durante décadas que sigan trabajando hasta los 67, con un deterioro físico evidente. Es inadmisible”.

Las organizaciones firmantes subrayan también la especial vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural, que enfrentan cargas físicas y emocionales añadidas, a menudo medicadas en los últimos años de actividad sin que ello les impida seguir desempeñando tareas de alto riesgo.

“El campo no puede seguir pagando con vidas y salud la falta de sensibilidad institucional. Pedimos que se apliquen ya los coeficientes reductores previstos por la ley. La agricultura y la ganadería profesional deben tener el mismo trato que otros sectores reconocidos como penosos, como la minería o los bomberos”, ha concluido Padilla.

COAG y UATAE confían en que el Gobierno actúe con celeridad y no retrase más la puesta en marcha de un mecanismo que, afirman, no solo es legalmente viable, sino también moralmente inaplazable.