LAS EMPRESAS DE AUTOBUSES DENUNCIAN EL NUEVO PLAN DE TRANSPORTE POR CARRETERAS DE ARAGÓN

La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (AETIVA) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el nuevo mapa concesional de las líneas de transporte por carretera del nuevo proyecto de servicio de transporte público del Gobierno de Aragón. Una vez publicada la licitación de los diecinueve proyectos que integran el plan, las empresas concesionarias denuncian que "están sustentados en unas estimaciones sin base alguna" y los califican como "una utopía absolutamente inviable económica y técnicamente", ante lo que advierten que está en juego "llegar a a nuevos núcleos de población y a ciudadanos sin servicio de transporte", así como "garantizar más de 2.000 puestos de trabajo en el sector del transporte interurbano en Aragón".

En un comunicado emitido el pasado fin de semana, la unión de empresas de autobuses ha anunciado la interprosición del recurso con el objetivo de "volver a realizar, de forma participativa entre todas las partes, una planificación que sea tan ambiciosa y oportuna como creíble y viable", explican. La AETIVA emprende así una acción que se hacía previsible y a la que ya apuntaba, tras la presentación del nuevo plan en la sede de la Comunidad de Calatayud, el presidente bilbilitano y alcalde de Ibdes, Ramón Duce, que advertía sobre "la dificultad para las empresas de asumir todas las adecuaciones que se exigen", calificando el plan como "muy ambicioso para nuestro territorio".

En su comunicado, AETIVA reconoce precisamente este carácter "ambicioso y necesario" del proyecto de la Dirección General de Transportes de la DGA, pero encuentran que la propuesta "no parte de datos reales", mientras lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de desarrollar el plan. La asociación presentó un informe el pasado mes de noviembre, elaborado por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza con un presupuesto de 123.000 euros, en el que proponía diferentes aportaciones que "han sido incomprensiblemente ignoradas" y "solo se ha atendido a algunas cuestiones de carácter menor", denuncian.