EL GOBIERNO ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA LAS MEDIDAS ANTI ABORTO ANUNCIADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Ante el anuncio en rueda de prensa del Gobierno de Castilla y León, tras su consejo de gobierno del 12 de enero, en relación a un protocolo denominado por el propio ejecutivo regional como ‘antiabortista’, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna.

Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta misma tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León donde se le solicita:

• Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico).

  
  

• Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.
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• También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

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En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.

La respuesta de la Junta de Castilla y León

Ante el requerimiento y comunicado efectuado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León se ha mantenido en su decisión señalando que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para "defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente". La Junta de Castilla y León ha asegurado que "velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".

Desde la Junta han asegurado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes.

"Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley", recalcan desde la Junta anunciando que estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León.

Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará en el día de hoy una contestación al Ministerio de Sanidad efectuando el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España:

En caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que hoy pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León no descarta tampoco implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

La Junta de Castilla y León estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría según su punto de vista vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.