LA AUDIENCIA PROVINCIAL REVOCA EL AUTO QUE DECLARABA AL GOBIERNO DE ARAGÓN COMO RESPONSABLE DEL INCENDIO DEL ALTO JALÓN

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha anulado el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud que declaraba al Gobierno de Aragón responsable civil subsidiario del incendio del pasado mes de julio entre Ateca y Bubierca. La decisión de la jueza Ramírez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud, encargado del caso, fue recurrida por los abogados de la comunidad autónoma y la Audiencia, con el apoyo de la Fiscalía, le ha dado ahora la razón.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud, Aida Ramírez, en un auto dictado el pasado 18 de enero, consideró al Gobierno regional como posible "responsable civil subsidiario" en la causa abierta por los daños de un fuego que arrasó 14.000 hectáreas de monte y cultivos en el Alto Jalón, afectando a once localidades y dejando algunas, como Moros, con casi el 100% de su término municipal calcinado. La instructora entendía entonces que los funcionarios y el personal dependiente de la DGA no había adoptado las medidas de prevención "efectivas y suficientes" para evitar el incendio, originado por los trabajos de reforestación ejecutados por la empresa Campos Rey Trabajos Forestales y proyectados por Land Life en el paraje Monegrillo, entre los términos municipales de Bubierca y Ateca.

Una vez escuchadas todas las declaraciones de los testigos e investigados, y tras recibir la petición de la defensa de la contrata que efectuaba los trabajos que causaron el fuego, Campos Rey Trabajos Forestales, de considerar al Gobierno de Aragón como responsable civil subsidiario - una solicitud a la que se sumaron tanto los abogados de los propietarios, como la acusación particular -, la jueza decidió llamar a declarar como responsable al Gobierno regional. En este auto pesaba como argumento el incendio producido en el mismo lugar, y por las mismas causas, tan solo un mes antes. Tras él, y según detallaba la jueza en su auto, la Diputación General de Aragón se limitó a enviar un correo electrónico a Land Life con recomendaciones y según indicaba la jueza "en ningún momento posterior a dicha fecha se efectuó nueva comunicación o envío de recomendaciones, controles o la adopción de cualquier otra medida preventiva o de supervisión".

Tras el auto de la titular de Calatayud, el Gobierno de Aragón presentó un recurso en el que se esgrimía que en la causa no consta que hayan sido imputados autoridades, funcionarios o personal dependiente del Gobierno de Aragón, argumentando como requisito fundamental para que el gobierno regional pudiera ser considerado responsable civil de sus actos, que se produzca "una previa imputación de una responsabilidad penal". Esto es precisamente lo que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza utiliza para revocar de forma firme la decisión del Juzgado de Instrucción y dejar sin efecto la citación a la DGA como responsable del incendio, señalando que la resolución dictada desde Calatayud es "al menos, prematura".

La causa todavía está en fase de instrucción, pero este fallo de la Audiencia Provincial deja, de momento, fuera de toda responsabilidad a un Gobierno de Aragón del que la jueza instructora del caso destacaba en su auto del mes de enero que "no adoptó prohibición alguna" tras un primer incendio que avisó de la posibilidad de que esta tragedia sucediera. Una inacción agravada, según la jueza Ramírez detallaba, con que "debe tenerse en cuenta que otras comunidades autónomas próximas a Aragón, como Castilla La-Mancha o La Rioja, adoptaron directamente medidas de prohibición de ejecución de trabajos forestales en esas fechas", todas ellas calificadas por la jueza como "acciones directas de prevención y control, propias de su función como Administración Pública y garante del bienestar forestal y de la población, de conformidad con la normativa estatal y autonómica aplicable, a diferencia de la DGA, que no adoptó prohibición alguna".

Hasta el momento de dictar el auto judicial, los únicos investigados eran tres empleados de Land Life, empresa que planificaba los trabajos de reforestación que se estaban llevando a cabo, y los propietarios de  Campos Rey Trabajos Forestales S. L., empresa encargada de ejecutar los trabajos que originaron el gran incendio. Los abogados de los investigados son también los que habían solicitado a la juez que declararse la responsabilidad de la DGA en el incendio, algo que ahora ha sido 'tumbado' por una Audiencia Provincial, que falla a favor del Gobierno Autonómico.

La Audiencia deja así fuera a la administración de toda responsabilidad de un incendio que se declaró mientras se realizaban trabajos de ahoyado con maquinaria sobre suelo de roca, con el permiso y el conocimiento de la administración, en una tarde, la del 18 de julio de 2022 en el Alto Jalón, que vivía una intensa ola de calor. Todo esto, tan solo un mes después de que se produjese otro incendio en el mismo lugar, por las mismas causas, y en las mismas  circunstancias, que esa vez quemó ya cerca de 30 hectáreas. El segundo fuego fue el que acabó arrasando 14.000 hectáreas de monte y cultivos, sobre todo de frutal, de once municipios, provocando el desalojo de poblaciones enteras como Moros o Alhama de Aragón.