EL AUTOR DEL 'BOMB HOAX' DE ATECA SE ENFRENTA PENAS DE HASTA UN AÑO DE PRISIÓN Y MULTAS DE HASTA 600.000 EUROS

Fotografía: DukviTV

La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras el aviso de bomba falso efectuado este viernes en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Ateca. El aviso, recibido a primera hora del viernes, activó un protocolo de seguridad que llevó a la evacuación de alumnos, personal docente, empleados del IES y sanitarios y pacientes del Centro de Salud. Más de 400 alumnos y alrededor de medio centenar de personal, entre profesores, personal de limpieza y administrativo, permanecieron en la calle, congregados en la Plaza Mayor de Ateca, mientras los TEDAX de la Guardia Civil y un equipo de guías caninos rastreaban el instituto en busca de posibles artefactos explosivos. 

Pasadas las 9 de la mañana, el personal administrativo del IES Zaurín respondió a una llamada anónima en la que se alertaba sobre la presunta colocación de una bomba en el instituto. El anónimo instó a desalojar el lugar en una hora, amenazando con consecuencias si no se cumplía la orden. Ante esta situación, el personal del centro alertó a la Guardia Civil, que decidió evacuar tanto el centro educativo como el Centro de Salud, por su proximidad. Un dispositivo desplegado a pesar de la "credibilidad baja" que desde un principio las fuerzas de seguridad otorgaban a este aviso. Y es que, tal y como señalaban algunas alumnas del centro el mismo viernes, había varios exámenes programados durante la jornada.

No es extraño que se registren este tipo de alertas falsas - o Bomb Hoax como se conoce entre los jóvenes - en los periodos de exámenes. Fuentes policiales advierten de un incremento de este fenómeno en toda España y ya a finales del año pasado, ante una oleada de avisos falsos de bomba, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional inició una investigación en colegios de todo el país con agentes expertos en seguir el rastro de grupos terroristas. Según informa el Ministerio del Interior, se están centralizando todos los casos registrados de Bomb Hoax para tratar de dar con los autores. 

Los expertos de Abogado Piqueras nos recuerdan que comunicar una falsa amenaza de bomba puede acarrear una condena para su autor de hasta un año de cárcel, según el artículo 561 del Código Penal. Este artículo estipula que "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses". La gravedad de la amenaza o su carácter terrorista supondría una agravante por el que la pena se impondría en su mitad superior, es decir, de siete meses y medio a un año de prisión.

En el caso de que los o las autoras sean menores, algo que ocurre en un alto porcentaje de estos Bomb Hoax, sobre todo cuando se trata de centros escolares, si estos tienen menos de 14 años serán inimputables, pero si tienen entre 14 y 17 años, serán castigados también penalmente, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, con la condena correspondiente que se estime por el Juez de Menores o la Fiscalía.

Ante un aviso de bomba en lugares como aeropuertos, museos, o institutos como el de Ateca, las autoridades no tienen más remedio que realizar su desalojo y cierre. Además, se obliga a movilizar a multitud de servicios de emergencia (bomberos, ambulancias, etc.) y a los equipos especiales de los cuerpos de seguridad del estado, con el coste económico que ello comporta. Eso sin contar con los daños y perjuicios de las personas que han visto cancelado su avión, aplazada su visita cultural, o como en el caso de Ateca, retrasado su examen. Afortunadamente, muchos de estos avisos son falsos, pero ¿qué consecuencias económicas pueden tener este tipo de “bromas” para sus autores? 

Más allá de las valoraciones económicas sobre los daños morales o personales, cada comunidad autónoma tiene una normativa sobre Protección Civil y establece unas sanciones. En el caso de Aragón, realizar llamadas a los teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de emergencias que den lugar a la movilización de recursos puede ser calificado como una infracción "muy grave" o como "leve", según el caso concreto. Según la LEY 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencia de Aragón en el Artículo 58 especifica que las sanciones de las infracciones muy graves incluyen una multa de 150.001 euros hasta 600.000 euros. Aunque según el suceso, podría sancinarse como "leve" si el acto se califica como "llamada maliciosa a los teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de emergencias", que en este caso tendría una multa de entre 500 euros y 6.000 euros.

Con todo esto, desde Abogado Piqueras han querido aclarar que además de las consecuencias penales para los mayores de edad y mayores de 14 años, también estos delitos comportan generalmente a sus autores el pago de compensaciones económicas por todos los perjuicios de los costes públicos y de las entidades y personas afectadas. Los mayores de edad deberán asumir las penas y pagos, respondiendo de ellas con su patrimonio y con embargos en caso de ser necesario. En el caso de los menores de edad, serán las familias las que deberán pagar los perjuicios económicos de su bolsillo. Por este motivo, es importante informar a los adolescentes de que sus actos tienen consecuencias tanto penales como civiles, así como para las familias poder contar con un abogado especializado en delitos de menores.