La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde ha convocado una manifestación para el próximo miércoles, 29 de enero, en Calatayud, con el objetivo de visibilizar su lucha contra las inmatriculaciones de terrenos llevadas a cabo por el Ayuntamiento del municipio. La protesta partirá desde la sede de la Comarca Comunidad de Calatayud, recorrerá el Ayuntamiento bilbilitano y finalizará en el Paseo, y señala al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, como senador del PP por Zaragoza, y al gobierno comarcal, también de signo Popular, a los que acusan de "estar mirando para otro lado ante las tropelías de su compañero de partido, el alcalde de Monterde", señalan.
La convocatoria del próximo miércolespretende reunir a más de un centenar de personas, un número incluso superior al de las concentraciones previas que han tenido lugar tanto en Monterde como en Zaragoza. "Cada vez tenemos más apoyo y la gente se está dando cuenta de lo que está haciendo el alcalde", explican unos vecinos que denuncian lo que consideran "injusticias, discriminaciones y abusos" en relación con la inscripción de cerca de 200 propiedades a nombre del Ayuntamiento, entre terrenos agrícolas, bodegas y viviendas familiares.
A pesar de los numerosos esfuerzos por parte de la asociación para encontrar una solución al conflicto, hasta ahora no se han logrado avances significativos. Representantes de la asociación han manifestado su frustración ante la falta de respuestas concretas, a pesar de haber contado con el apoyo de distintos representantes políticos. Entre ellos, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, así como los diputados José Carlos Tirado (PSOE) y José Manuel Latorre (CHA). "Queremos hacer más ruido que nunca. Es un buen momento y hay que meter presión", aseguran desde la asociación, instando a la Comarca de Calatayud y al alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, senador del PP por Zaragoza, a que intercedan ante su compañero de partido y alcalde de Monterde, José Gracia, para evitar que el conflicto acabe en los tribunales y genere cuantiosos costes tanto a los bolsillos de los afectados como a las arcas municipales.
Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde han hecho también un llamamiento a Marina Sevilla, directora de Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, para que tome cartas en el asunto por la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Monterde, tanto por las inmatriculaciones como por la investigación al alcalde por presunto fraude electoral.
Escucha aquí la intervención de Arturo Pardos, portavoz de los perjudicados, en Alto Jalón Radio.
De momento, solo una de las inmatriculaciones ha llegado a juicio. El proceso, inicialmente previsto para el pasado mes de septiembre, fue pospuesto a petición del Ayuntamiento, y nuevamente suspendido este martes debido a la ausencia del abogado defensor, quien presentó una baja médica en el último momento. La ausencia del letrado obligó al magistrado a suspender la vista, con el fin de evitar un acto de indefensión del consistorio.
Esto fue aprovechado por el Ayuntamiento de Monterde para expresar una voluntad de negociación con la familia denunciante que hasta ahora, más de un año después del inicio de la polémica, no había mostrado. El juez dio 60 días entonces para que se intentase llegar a un acuerdo y dictará sentencia presumiblemente hacia mediados de marzo "se llegue a un acuerdo o no", recuerdan los perjudicados. Este retraso ha generado aún más incertidumbre entre los afectados. "Nos tememos que lo que pretenden es alargar el proceso", lamentan los denunciantes.
El problema de las inmatriculaciones en Monterde salió a la luz tras el fallecimiento de una vecina cuyos herederos descubrieron que propiedades familiares habían sido inscritas a nombre del Ayuntamiento. Según denuncian los afectados, el consistorio aprovechó la caducidad de los registros tras realizar "una estratagema declarando todo como monte público", y publicó los trámites en el BOE sin previo aviso ni debate en pleno municipal.
La situación ha generado una gran inquietud en la pedanía de Llumes, donde muchas viviendas están habitadas por personas mayores, quienes temen perder sus hogares de toda la vida. Los afectados denuncian que se trata de una maniobra para apropiarse de sus propiedades de forma arbitraria.
La creciente indignación vecinal ha derivado en la creación de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde, que ya agrupa a más de un centenar de afectados. Su objetivo es buscar una solución extrajudicial que evite un largo y costoso proceso legal. En los últimos meses, la asociación ha llevado a cabo concentraciones en Zaragoza frente al Gobierno de Aragón, la DPZ y la Subdelegación del Gobierno, donde se reunieron con la subdelegada Noelia Herrero para exponer su problemática.
El conflicto ha generado un clima de tensión en Monterde, donde la relación entre los vecinos y el consistorio se encuentra en su punto más crítico. Además, la reciente investigación abierta contra el alcalde José Gracia por un presunto delito de fraude electoral, por el que está citado a declarar el próximo mes de diciembre, ha agravado aún más la situación.
Los afectados, que también se han personado como acusación popular en el caso del fraude electoral, aseguran que no cesarán en su lucha hasta recuperar sus propiedades y exigen soluciones rápidas y justas que les devuelvan la tranquilidad perdida. Mientras tanto, la manifestación en Calatayud del próximo miércoles será una nueva oportunidad para visibilizar su causa y reclamar justicia ante las instituciones públicas.
JALON
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