Los afectados por las inmatriculaciones del Ayuntamiento de Monterde han mantenido esta mañana una reunión con la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla. El encuentro, solicitado por la Asociación de Perjudicados por el alcalde de Monterde, ha servido para exponer de primera mano la gravedad del conflicto, en el que más de un centenar de vecinos han visto cómo sus propiedades han sido registradas a nombre del Ayuntamiento.
El portavoz de la asociación, Arturo Pardos, ha explicado tras la reunión que Sevilla "nos ha atendido bien" y ha mostrado un conocimiento detallado del caso, aunque ha dejado claro que "no tiene herramientas ni medios para obligar al alcalde a dar marcha atrás". No obstante, sí se ha comprometido a trasladar la situación tanto al secretario municipal como al propio alcalde, José Gracia, con el objetivo de convencerle de que rectifique antes de que el asunto termine en los tribunales.
Durante la reunión, que se ha producido en el despacho de la directora general de Administraciones Locales, los afectados han reiterado la ilegalidad del proceso, incidiendo en que "las inmatriculaciones no se llevaron a Pleno ni se informó a los vecinos", algo que según el testimonio de los perjudicados, una asesora jurídica de la DGA presente en el encuentro ha confirmado como una irregularidad grave.
Los perjudicados han señalado también que Sevilla ha reconocido que el procedimiento para corregir el registro indebido "no es sencillo", ya que el Ayuntamiento tendría que emitir certificaciones individuales para cada inmueble afectado, lo que a vistas de la negativa constante del consistorio a recibir a los vecinos, dificultaría aún más una posible solución rápida.
A pesar de todo, se muestran satisfechos con la reunión: "Nos ha repetido varias veces que esto se va a solucionar", ha asegurado Pardos, aunque también ha señalado que el tiempo juega en su contra. "Si en marzo esto no está resuelto, tendremos que denunciar o las propiedades podrán ser vendidas a terceros y los vecinos se quedarán sin nada que reclamar". Por su parte, Marina Sevilla ha declinado hacer declaraciones sobre la reunión más allá de destacar que ha sido "normal y cordial".
La reunión llega en un momento clave, con una creciente presión mediática y política sobre el Ayuntamiento de Monterde, con su alcalde siendo investigado también por un caso de presunto fraude electoral. Según Pardos, "la noticia ha tenido una repercusión brutal", y ha generado un impacto tanto dentro del Gobierno de Aragón como en el propio Partido Popular, lo que habría forzado a la DGA a recibirles y escuchar sus demandas.
Por su parte, el alcalde José Gracia sigue sin dar explicaciones sobre sus motivos para llevar a cabo las inmatriculaciones. "No sabemos por qué lo hizo ni por qué no da marcha atrás. En dos plenos se le ha preguntado y ha evitado responder", denuncia Pardos. En este sentido, los afectados han advertido que, si la DGA no consigue convencer al alcalde para revertir la situación, el conflicto acabará en los tribunales, lo que podría acarrear un alto coste tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos. "La pelota está en su tejado", concluye Pardos. "Si el alcalde no rectifica, esto va a acabar muy mal para él y seguiremos hasta el final para encontrar a todos los responsables".
JALON
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