La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha anunciado una nueva concentración este jueves 13 de febrero frente al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para denunciar la situación en la que se encuentran medio centenar de vecinos tras la inmatriculación de sus propiedades a nombre del Ayuntamiento sin previo aviso ni consulta.
Según denuncian, el alcalde José Gracia llevó a cabo esta maniobra sin conocimiento de los vecinos, sin informar a los concejales y sin que el tema pasara por pleno municipal. “Si todo era legal y el Ayuntamiento tenía documentos que avalaran esta acción, ¿por qué se hizo todo a escondidas, sin transparencia y sin respetar la legalidad?”, cuestionan los afectados en un comunicado.
La lucha de los inmatriculados ha empezado a recibir respaldo institucional. La semana pasada, el diputado nacional del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, se reunió con los afectados y les abrió la posibilidad de presentar su caso en la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados. “Si esto ha ocurrido en nuestro pueblo, ¿quién garantiza que no vuelva a ocurrir en otra localidad?”, plantean los miembros de la Asociación.
Será el 5 de marzo cuando los afectados llevarán su lucha a Madrid, con una concentración frente al Congreso de los Diputados en un intento de que el Gobierno central tome cartas en el asunto. Mientras el tiempo sigue descontando días hasta el 30 de marzo, fecha límite para tener que denunciar sus casos por la vía legal, y los afectados se aferran a las pocas alternativas que les quedan para evitar que sus propiedades queden definitivamente inscritas a nombre del Ayuntamiento, un desenlace que, según advierten, marcaría un antes y un después en la historia de Monterde.
A pesar de estos apoyos, los afectados tienen claro que la única salida viable sigue siendo la vía judicial toda vez que el alcalde les niega la posibilidad de negociar sus casos individualmente. La primera de las denuncias presentadas llegará a los tribunales el próximo 19 de febrero, cuando se celebrará la vista del juicio en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Calatayud. Aunque solo se trata de un caso de los más de un centenar de afectados, la Asociación cree que el resultado de esta sentencia podría marcar un punto de inflexión para el resto.
En este sentido, el pasado 31 de enero, la Directora General de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, recibió a los perjudicados y mostró su compromiso para buscar soluciones dentro de sus competencias. Según han trasladado los afectados, Sevilla aseguró en varias ocasiones que “esto se va a solucionar”. Desde la Asociación insisten en su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han mostrado su apoyo, así como a los medios de comunicación que están dando visibilidad al problema. “Somos un pueblo pequeño, pero el problema creado trasciende nuestra comunidad”, concluyen en su comunicado.
JALON
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