LOS AFECTADOS POR LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE SE HACEN NOTAR EN LAS CORTES DE ARAGÓN CON UNA PROTESTA SILENCIOSA

Los afectados por las polémicas inmatriculaciones de propiedades privadas en Monterde han llevado este jueves su reivindicación hasta las Cortes de Aragón. Desde primera hora de la mañana, decenas de vecinos, unos 80, se han concentrado a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento aragonés, para exigir soluciones ante lo que consideran "un atropello" cometido por el alcalde de la localidad, José Gracia. 

La protesta ha tenido su punto álgido cuando varios de los afectados, todos ellos mayores de 80 años, han accedido al Pleno como público, luciendo camisetas reivindicativas, lo que ha generado curiosidad y revuelo entre los diputados. Tras el pleno, en el que han podido conversar con varios diputados del PP, se han reunido con diputados de IU y CHA.

Mientras tanto, fuera, un nutrido grupo de manifestantes, entre 70 y 80 según los organizadores, se concentraban para hacer visible su protesta a las puertas del Palacio de la Aljafería.

Un problema que trasciende Monterde

La concentración ha sido convocada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, que denuncia que el consistorio ha inmatriculado propiedades particulares sin previo aviso ni debate en el pleno municipal. "Ningún vecino fue informado de lo que se iba a hacer con sus propiedades, ningún concejal tuvo constancia de los hechos y, por supuesto, jamás esta maniobra fue llevada a pleno", han lamentado los manifestantes en su comunicado.

Los afectados, que han agotado todas las vías administrativas para frenar lo que consideran una expropiación encubierta, se ven ahora obligados a recurrir a los tribunales, con el consiguiente desgaste emocional y económico que ello supone. "Si todo era legal y el Ayuntamiento tenía documentos que avalaran esta acción, ¿por qué se hizo todo a escondidas, sin transparencia y sin respetar la legalidad?", cuestionan.

Apoyos institucionales y un compromiso del Gobierno de Aragón

En su lucha por recuperar sus propiedades, la asociación ha obtenido el respaldo de diversas instituciones. El pasado 31 de enero, los afectados fueron recibidos por la Directora General de Administración Local, Marina Sevilla, quien se mostró preocupada por la situación y se comprometió a trabajar dentro de sus competencias para encontrar una solución. "Nos dijo en varias ocasiones que esto se iba a solucionar", explican desde la asociación.

Asimismo, el diputado nacional Víctor Ruiz (PSOE) se reunió con los vecinos el pasado 6 de febrero y les ofreció trasladar su caso a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, donde podrán exponer ante los parlamentarios la situación creada por el alcalde y sus asesores. "Si esto ha ocurrido en nuestro pueblo, ¿quién garantiza que no vuelva a ocurrir en otra localidad? ¿Qué fallos hay en la ley que han permitido que propiedades registradas a nombre de particulares pasen a ser de propiedad pública, produciéndose dobles inmatriculaciones?", plantean los afectados.

Un gesto simbólico en las Cortes de Aragón

Durante la sesión plenaria, la presencia de los afectados en la tribuna de público no ha pasado desapercibida. Su avanzada edad y el hecho de que todos llevaban camisetas reivindicativas ha despertado la curiosidad de varios diputados, que han querido conocer más sobre su problemática. Aunque la protesta ha sido silenciosa, su sola presencia ha servido para visibilizar un conflicto que sigue creciendo y que ya ha trascendido el ámbito municipal.

Desde la Asociación de Perjudicados, han agradecido el apoyo de los medios de comunicación por dar visibilidad a su situación. "Somos un pueblo pequeño, pero el problema creado trasciende nuestra comunidad", han insistido. Con esta acción en las Cortes de Aragón, los afectados buscan que la cuestión de las inmatriculaciones irregulares llegue a los niveles más altos de la política aragonesa y nacional.

Por el momento, el Ayuntamiento de Monterde sigue sin ofrecer explicaciones públicas sobre el proceso de inmatriculación y su alcalde, José Gracia, mantiene su postura, sin abrir vías de diálogo con los vecinos afectados. Entretanto, los perjudicados anuncian que seguirán con sus movilizaciones hasta recuperar lo que consideran suyo por derecho.