ARTURO PARDOS, INMATRICULADOS DE MONTERDE: "SI MULTIPLICAMOS EL COSTE DE CADA JUICIO POR EL NÚMERO DE DEMANDAS, ESTO LE VA A COSTAR MUCHO DINERO AL AYUNTAMIENTO"

Este miércoles, 19 de febrero, se celebra en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Calatayud el juicio por la declaración de dominio y nulidad de inscripción registral de una de las inmatriculaciones denunciadas en Monterde, un proceso que ha sido aplazado en varias ocasiones a lo largo del último año.

En el día en que el caso llega finalmente a la justicia, Arturo Pardos, vocal de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, ha intervenido en Buenos Días Alto Jalón para analizar la situación, expresar la frustración de los afectados y señalar las tácticas dilatorias empleadas por el consistorio.

Escucha aquí el programa completo y sigue leyendo debajo del audio

Un proceso plagado de retrasos y maniobras dilatorias

El juicio, que debía haberse celebrado hace meses, se ha aplazado en varias ocasiones por parte del Ayuntamiento, que ha solicitado sucesivas prórrogas con diversos pretextos. El último retraso se produjo tras la baja inesperada del abogado defensor municipal, una circunstancia que llegó después de que se denegara un aplazamiento más y tras la manifestación del consistorio de que buscarían una solución negociada.

Sin embargo, según ha denunciado Arturo Pardos en su intervención en Buenos Días Alto Jalón, ese supuesto intento de acuerdo nunca se produjo. La afectada, que ha llevado este caso a los tribunales en defensa de su propiedad, no ha recibido ninguna propuesta del Ayuntamiento para resolver la situación de forma amistosa, lo que ha generado la sospecha de que esta fue otra maniobra más para ganar tiempo y retrasar el juicio.

"Hoy debería cerrarse este capítulo", ha manifestado Pardos, quien confía en que la sentencia ponga fin a un procedimiento que ha supuesto un enorme desgaste emocional y económico para la denunciante. Según explica, la afectada ha tenido que asumir numerosos viajes desde Madrid, además de los costes judiciales derivados del proceso. "Lo que le ha costado todo esto es más de lo que vale la propiedad", ha denunciado el portavoz de la asociación.

La estrategia del desgaste y el efecto sobre el resto de afectados

El caso de Raquel, la denunciante, es solo la primera batalla judicial de muchas que pueden venir. La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde agrupa a decenas de vecinos afectados por las inmatriculaciones, quienes se encuentran ante un escenario de incertidumbre legal.

La fecha del juicio es clave porque el 30 de marzo se cumple el plazo legal para que los afectados puedan impugnar las inmatriculaciones del Ayuntamiento. Si no presentan denuncias antes de esa fecha, perderían la posibilidad de reclamar judicialmente sus propiedades.

Desde la asociación se teme que los retrasos en el juicio de hoy hayan sido una estrategia premeditada para acercar la fecha límite y dificultar la organización de nuevas denuncias. Según Arturo Pardos, el alcalde "no tiene ningún incentivo para agilizar el proceso", ya que los costes de las acciones legales los asume el Ayuntamiento con dinero público, mientras que los afectados deben costear sus propios abogados y desplazamientos.

El coste para el Ayuntamiento y para los vecinos

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto económico de este proceso en las arcas municipales. "Se podría hacer una estimación de cuánto ha costado ya este caso a los vecinos de Monterde, pero si multiplicamos por el número de denuncias que se avecinan, el gasto puede dispararse", ha advertido Pardos. Además de los honorarios del equipo legal del consistorio, los afectados también están sufriendo un enorme perjuicio económico al tener que asumir gastos legales por defender lo que es suyo.

Desde la Asociación de Perjudicados subrayan que todo este gasto podría haberse evitado si el Ayuntamiento hubiera actuado de forma transparente desde el principio, comunicando sus intenciones a los propietarios y siguiendo los procedimientos establecidos.

Sin embargo, el oscurantismo con el que se han llevado a cabo estas inmatriculaciones ha generado todo tipo de sospechas. Los vecinos nunca fueron notificados individualmente de que sus propiedades habían pasado a nombre del Ayuntamiento, sino que la única forma de enterarse era consultando el Boletín Oficial del Estado.

Un conflicto que trasciende lo local

El caso de Monterde ha llamado la atención más allá de la comarca del Alto Jalón. En las últimas semanas, representantes de la asociación han mantenido reuniones con políticos y representantes institucionales, tratando de exponer la gravedad de la situación.

Entre las figuras con las que han intentado dialogar se encuentra el congresista nacional del PSOE, Víctor Ruiz de Diego, quien ha conducido a los afectados a presentar una petición para comparecer ante la Comisión de Peticiones del Congreso. Además también se ha mostrado "preocupada" Marina Sevilla, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, quien, según Pardos, mostró un gran interés por la situación. Sin embargo, desde la asociación lamentan que el senador del PP José Manuel Aranda y otros dirigentes del Partido Popular han evitado pronunciarse sobre el tema, a pesar de que el alcalde de Monterde pertenece a sus filas.

El caso sigue generando un intenso debate político, y los afectados han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados. El 5 de marzo viajarán a Madrid para manifestarse ante el Parlamento, exigiendo una respuesta institucional a lo que consideran un atropello contra sus derechos.

Lo que está en juego

Más allá de este juicio en concreto, lo que se dirime en Monterde es si los derechos de los ciudadanos pueden ser pisoteados por la administración sin consecuencias. El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, y lo que está ocurriendo en este pequeño municipio de Aragón es, en palabras de los afectados, una vulneración flagrante de ese derecho.

"Si esto se permite, nadie puede estar seguro de que su casa o su tierra esté a salvo de una maniobra similar", advierte Arturo Pardos. El desenlace de este juicio marcará un precedente para el resto de casos, y podría influir en la estrategia legal que sigan otros afectados.

Mientras tanto, la gran incógnita sigue sin respuesta: ¿por qué el alcalde de Monterde insiste en esta estrategia en lugar de dar marcha atrás y resolver el conflicto de manera transparente y justa?

Las respuestas, de momento, siguen sin llegar. Pero los afectados están decididos a que la justicia hable por ellos.