EL DIPUTADO ÁLVARO SANZ (IU) PREGUNTA AL GOBIERNO DE ARAGÓN SU POSTURA SOBRE LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE

El portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón-Grupo Mixto, Álvaro Sanz Remón, ha registrado una pregunta dirigida al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para conocer su postura y posibles actuaciones respecto a las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde. La respuesta del Ejecutivo autonómico será clave para conocer su posicionamiento y si está dispuesto a intervenir en defensa de los derechos de los vecinos y la protección del monte público afectado.

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde lleva tiempo denunciando que el consistorio ha inmatriculado numerosas propiedades privadas, además de 2.500 hectáreas de monte público como bienes patrimoniales. Según sostienen los afectados, los montes Z325 y Z324 están registrados desde 1928 en el catálogo de la Diputación General de Aragón (DGA) como bienes de dominio público, lo que impediría su conversión en propiedad municipal.  Además, se han encontrado con que sin pasar por pleno municipal, el Ayuntamiento ha registrado a su nombre cerca de dos centenares de propiedades privadas según denuncian.

Más de un centenar de afectados respaldan estas denuncias y varios de ellos ya están preparando demandas para reclamar la titularidad de sus propiedades. Demandas judiciales que ya cuentan con el precedente de una vecina que se vio afectada por una inmatriculación anterior y llevó su caso a los tribunales. Tras un proceso judicial de dos años marcado por constantes retrasos por parte del Ayuntamiento, el consistorio presidido por José Gracia terminó reconociendo el derecho de la demandante sobre la propiedad allanándose a la demanda. Ahora, el resto de afectados tiene hasta el próximo 31 de marzo para interponer sus reclamaciones antes de que venza el plazo legal.  

El conflicto ha llevado a los afectados a movilizarse en varias ocasiones frente a las Cortes de Aragón y, recientemente, a protestar ante el Congreso de los Diputados en Madrid, reclamando soluciones ante lo que consideran una apropiación indebida de sus bienes. Resaltan que el proceso legal que van a tener que seguir para demostrar la posesión legal de sus propiedades generará, tal y como ha pasado con el primero de los casos judicializados, importantes costes económicos tanto a los afectados, como a las arcas municipales.

En este contexto, Álvaro Sanz ha solicitado al Gobierno de Aragón que aclare qué conocimiento tiene sobre este proceso de inmatriculación, si ha autorizado o tenido constancia de un cambio en la naturaleza de los terrenos y qué acciones ha llevado a cabo en virtud de la Ley de Montes para garantizar su protección. Los afectados esperan una respuesta en los próximos días por parte de un Gobierno de Aragón que hasta ahora se ha mantenido en silencio sobre este tema, con tan solo una reunión de la directora general de Administraciones Locales del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, asegurando que se resolvería el caso, pero sin más avances según advierten los afectados.