LOS INMATRICULADOS DE MONTERDE COMPARECERÁN EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN EL PRÓXIMO 2 DE ABRIL

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha confirmado que el próximo 2 de abril comparecerán en la Comisión de Derechos Humanos y Peticiones de las Cortes de Aragón para exponer públicamente el conflicto de las inmatriculaciones que afecta a más de 150 propiedades privadas y unas 2.550 hectáreas de monte público. Este paso llega al tiempo de que la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados haya decidido trasladar el caso al Gobierno de España y al Defensor del Pueblo para que se pronuncien sobre este controvertido asunto.

Arturo Pardos, portavoz de la asociación, ha explicado esta mañana en Buenos Días Alto Jalón que la comparecencia en las Cortes aragonesas se produce en un momento crítico, ya que el próximo 31 de marzo finaliza el plazo legal para que los afectados puedan presentar denuncias y evitar perder sus propiedades de forma definitiva.

“Estamos en tiempo de descuento. Si el 31 de marzo no hemos presentado las denuncias, esas propiedades pasarán oficialmente a manos del Ayuntamiento y perderemos el derecho a recuperarlas. Esto nos obligará a entrar en litigios que tendrán un coste muy alto, tanto para los afectados como para las arcas municipales”, ha advertido Pardos.

Un proceso opaco y sin información a los afectados

El conflicto comenzó hace dos años, cuando el Ayuntamiento de Monterde, presidido por José Gracia (PP), inmatriculó mediante un proceso administrativo una gran cantidad de propiedades privadas y terrenos comunales. Sin embargo, los afectados no fueron informados ni notificados del proceso hasta que una familia descubrió que la casa de una vecina fallecida había sido registrada a nombre del Ayuntamiento, impidiendo su tramitación como herencia.

“El Ayuntamiento nunca nos informó de sus intenciones ni nos dio la oportunidad de presentar alegaciones. Nos enteramos de casualidad tras la muerte de una vecina, cuando sus familiares intentaron registrar la casa y descubrieron que estaba inmatriculada a nombre del Ayuntamiento”, ha señalado Pardos.

El portavoz ha denunciado que el Ayuntamiento no cumplió con los pasos legales establecidos en la Ley 33/2003, que regula la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de las administraciones públicas. Entre los incumplimientos, destaca la falta de convocatoria de pleno, la ausencia de información pública y la inexistencia de un periodo de alegaciones para que los afectados pudieran presentar sus reclamaciones.

"No se cumplieron ninguno de los ocho pasos que establece la ley para realizar una inmatriculación de este tipo. Aun así, lograron registrar las propiedades y ahora nos obligan a recurrir a los tribunales para recuperarlas", ha denunciado Pardos.

Un proceso costoso para los afectados y las arcas municipales

El conflicto podría derivar en un alto coste económico tanto para los afectados como para el propio Ayuntamiento de Monterde. Según ha explicado Arturo Pardos, las primeras denuncias ya están siendo presentadas y se espera que, en una primera fase, unas 15 o 20 demandas sean registradas en los juzgados antes del 31 de marzo.

"Presentar una demanda para recuperar una casa o una propiedad supone un gasto que puede oscilar entre los 2.000 y los 15.000 euros por cada proceso judicial, dependiendo del valor de la propiedad. Esto es un gasto injusto, porque estamos pagando para recuperar algo que es nuestro”,

 ha explicado Pardos.

Pero el coste no solo afectará a los afectados. El Ayuntamiento, que ya ha gastado aproximadamente 100.000 euros en asesorías legales y estudios técnicos relacionados con este proceso, también tendrá que afrontar los gastos de las costas judiciales si los tribunales dan la razón a los propietarios.

"El dinero que gaste el Ayuntamiento saldrá de las arcas públicas, es decir, lo pagaremos todos los vecinos de Monterde", ha lamentado Pardos.

El papel del Gobierno de Aragón y la mediación fallida

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde ha recurrido en varias ocasiones al Gobierno de Aragón para buscar una solución política al conflicto y evitar la vía judicial. La Dirección General de Administraciones Locales, dirigida por Marina Sevilla, se ha reunido con los afectados y ha mantenido conversaciones con el alcalde José Gracia.

"Nos dijeron que nos tranquilizáramos, que estaban tratando de solucionarlo, pero la realidad es que el alcalde sigue adelante con las inmatriculaciones y no ha dado marcha atrás en ningún momento. Nos dicen que solo pueden intentar mediar porque no tienen competencias en este asunto.", ha señalado Pardos.

Falta de apoyo político desde el Partido Popular

Pardos ha criticado también la falta de implicación por parte de los cargos del Partido Popular en la comarca, entre ellos el senador José Manuel Aranda y el presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, Ignacio Marcuello.

"Los cargos del PP están mirando hacia otro lado. Ni el senador Aranda ni el presidente de la comarca han movido un dedo para apoyar a los afectados, a pesar de que son vecinos de la zona y conocen perfectamente el problema", ha denunciado Pardos.

En cambio, la asociación ha encontrado apoyo en representantes de otros partidos como el PSOE e Izquierda Unida, que han facilitado la comparecencia en las Cortes de Aragón y han presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno se pronuncie sobre el caso.

La primera sentencia, una victoria para los afectados

El caso de las inmatriculaciones ya ha producido una primera resolución judicial favorable para los afectados. Una vecina afectada, Raquel, logró que el Ayuntamiento se allanara a la demanda y reconociera su propiedad. Sin embargo, las costas judiciales no fueron asumidas por el Ayuntamiento, lo que ha generado malestar entre los afectados.

"El Ayuntamiento se allanó porque sabía que iba a perder, pero aun así, las costas las tuvo que pagar la vecina afectada. Es una injusticia más que se suma a todo este proceso", ha denunciado Pardos.

Próximos pasos: comparecencia y litigios

Mientras los afectados se preparan para la comparecencia del 2 de abril en las Cortes de Aragón, también están pendientes de una posible citación por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados. La vía judicial, sin embargo, parece inevitable.

"Hemos hecho todo lo posible para evitar llegar a los tribunales, pero el alcalde no ha querido dialogar ni buscar una solución. Ahora nos toca luchar por lo nuestro en los juzgados, cueste lo que cueste", ha concluido Pardos.

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde se prepara para una batalla legal que podría prolongarse durante años y que marcará un precedente en la defensa de la propiedad privada frente a las administraciones públicas.

Escucha aquí la entrevista completa.