LOS INMATRICULADOS DE MONTERDE PRESENTARÁN ESTE MIÉRCOLES SU CASO ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN: "ESTO NO ES UN CONFLICTO DE LINDES, ES UN ATROPELLO"

La Asociación de Perjudicados por el alcalde de Monterde comparecerá este miércoles, 2 de abril, ante la Comisión de Derechos Humanos y Peticiones de las Cortes de Aragón para exponer lo que consideran “un atropello sin precedentes en nuestra democracia”. La intervención ha sido impulsada por Izquierda Unida y contará con el respaldo del diputado del PSOE en el Congreso, Víctor Ruiz, así como con el apoyo expreso de CHA, que ya ha mostrado su compromiso también con la causa de los vecinos. La asociación buscará con esta comparecencia recabar el respaldo del resto de grupos parlamentarios y dar visibilidad a una situación que califican de “insostenible”.

Durante su intervención, los representantes de la asociación explicarán que su objetivo no es solo recuperar lo que consideran suyo, sino también “minimizar el sufrimiento que esta situación está provocando, especialmente entre las personas mayores”. Aseguran que muchos vecinos están viviendo con ansiedad, estrés y miedo, y que es urgente que se ponga freno desde las instituciones. “Queremos que se haga justicia para evitar desgracias mayores”, afirman.

El conflicto se desató hace justo un año, tras el fallecimiento de una vecina, Marcelina Ramón Lavilla. Su familia descubrió en enero de 2024, al tramitar la herencia, que su vivienda figuraba ya inmatriculada a nombre del Ayuntamiento. Al revisar el BOE del 4 de abril de 2023, los afectados encontraron la inscripción oficial de la finca como propiedad municipal. Lo que parecía un caso aislado, resultó ser solo “la punta del iceberg”.

Según detalla la asociación, el Ayuntamiento de Monterde registró como suyas un total de 105 propiedades privadas —entre ellas, casas habitadas, bodegas, eras, pajares, almacenes y fincas de cultivo— bajo la justificación de que todas ellas se encontraban dentro de los límites del monte público. La sorpresa fue mayúscula, ya que los vecinos, e incluso los concejales tanto del PP como del PSOE, aseguran no haber tenido conocimiento alguno del proceso.

La entidad denunciante señala que no se siguió ninguno de los pasos que exige la ley para este tipo de actuaciones. “No se hizo estudio previo, ni informe del secretario, ni aprobación en pleno, ni se informó personalmente a los afectados. Todo se publicó por edicto en el BOE, a espaldas del pueblo”, denuncian. Añaden que la propia Dirección General de la DGA ha certificado que muchas de las propiedades no están dentro del monte público, como también lo corroboran documentos municipales firmados en 1968.

Entre las irregularidades denunciadas, explican que el alcalde, con ayuda de asesores externos —señalana a la empresa Web Asesores de Calatayud—, solicitó al catastro la baja de las referencias catastrales de las fincas privadas y pidió que se les asignaran nuevas, como si pertenecieran al monte. Posteriormente, esas fincas fueron incluidas en el inventario municipal y registradas a nombre del Ayuntamiento, pese a tratarse en muchos casos de viviendas con escrituras y registros a nombre de particulares.

La asociación asegura que el Ayuntamiento ha llegado a bloquear intentos de los propietarios por inscribir sus viviendas, enviando cartas desde su asesoría jurídica al Registro para impedir nuevas inmatriculaciones. “Lo hace a sabiendas de que esas propiedades no están en monte público”, lamentan.

A todo esto se suma el coste económico que está soportando el propio consistorio. Solo en 2023, el Ayuntamiento gastó 85.000 euros en asesorías externas y trámites relacionados con esta operación, una cifra que representa más de la mitad de sus ingresos corrientes. Mientras tanto, ya ha perdido el primer juicio por una inmatriculación previa de 2022, en el que tuvo que allanarse tras dos años de litigio. “Sabían desde el principio que iban a perder, pero dejaron que la afectada gastara dinero en abogados. ¿Por qué alargar el conflicto si sabían que no tenían razón?”, se preguntan.

Según denuncian, el alcalde asegura que solo se han registrado los suelos, no las viviendas, pero la asociación anima a cualquier institución a comprobar en el BOE o en una nota simple que eso no es cierto. También afirman que el regidor ha manifestado públicamente su intención de seguir adelante: “Ha dicho que este BOE es solo la punta del iceberg”.

La asociación pide a las instituciones que tomen medidas. Reclaman una auditoría, una investigación y la paralización de las inmatriculaciones hasta que se esclarezcan los hechos. “Si esto es legal, algo falla en la ley porque deja al ciudadano totalmente indefenso ante los abusos de la administración. Y si es ilegal, hay que actuar de inmediato”, señalan. También consideran que, si se demuestra la ilegalidad de las actuaciones, los responsables deben asumir las consecuencias, tanto penal como económicamente. “No sería justo que el Ayuntamiento pagase los platos rotos. Deben responder quienes han promovido esto”, exigen.

La comparecencia de este miércoles será la primera vez que la asociación traslade su denuncia al parlamento autonómico. Confían en que esta intervención sea un punto de inflexión. “Es necesario que se escuche al pueblo. Ustedes están para eso”, concluyen.