La huelga indefinida en la que están inmersos los trabajadores del servicio de transporte sanitario en Aragón, que solicitan condiciones dignas de trabajo, sigue causando problemas en la atención de los usuarios. Unas incidencias que se agravan en el mundo rural, donde las distancias que deben recorrer los vecinos hacia Centros de Salud y Hospitales, sumado a la elevada edad media de sus habitantes, hacen de este transporte sanitario un servicio todavía más importante para llevar a pacientes a revisiones oncológicas, citas médicas o rehabilitaciones.
En el Alto Jalón, María José Soriano, vecina del municipio zaragozano de Ariza, ha denunciado públicamente la situación de abandono sanitario que sufre su padre, de 83 años, debido a la inoperatividad del servicio de transporte sanitario no urgente en Aragón. La prolongada huelga de los técnicos de ambulancia, que supera ya los 6 años, impide que pacientes en situación vulnerable puedan acudir a consultas médicas esenciales como la rehabilitación tras una operación grave. “Mi padre fue operado de cadera y fémur. La intervención se complicó y estuvo cuatro meses en cama y ahora necesita rehabilitación. En marzo nos dieron una cita preferente para que pudiera hacerla, pero la ambulancia nunca llegó”, ha relatado Soriano en una entrevista concedida a Alto Jalón Radio.
Esta situación no es aislada. La familia ha tenido que anular ya dos citas médicas y realizar un traslado por medios propios en condiciones precarias. “La primera vez conseguimos bajarlo por las escaleras como pudimos y meterlo en el coche. Es una persona mayor, con movilidad reducida, que pesa bastante. No es algo que podamos hacer de forma segura y continuada”, ha explicado. "Mi padre ha cotizado toda su vida y ahora no puede acceder a una rehabilitación esencial porque no hay ambulancias disponibles”, ha denunciado María José. Su testimonio es un grito de auxilio que refleja el impacto humano del largo conflicto laboral que afecta al servicio de transporte sanitario en Aragón.
Desde hace años, los trabajadores del transporte sanitario aragonés no urgente — externalizado y en manos de Transalud Aragón UTE Maíz Egara, desde julio de 2020 — mantienen una huelga intermitente e indefinida por la pérdida sistemática de condiciones laborales con la privatización. La empresa andaluza SGG, una de las gigantes del sector en España, ganó el último concurso en el que el Gobierno de Aragón incluyó en la licitación del servicio una serie de cláusulas por las cuales se otorgan puntos extra si se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, SGG no esta operando aún, ya que todavía no ha salido adjudicado ni formalizado el contrato en la página de contrataciones del estado, y el problema persiste.
Así, aunque la protesta de los trabajadores es legítima, como reconoce la propia Soriano —“tienen derecho a hacer huelga, como cualquier trabajador”—, esta huelga está provocando una falta de respuesta por parte de las instituciones responsables. "No puede ser que las personas mayores, que han contribuido toda su vida, estén ahora desatendidas”, ha criticado con dureza María José desde Ariza. La familia, que se encuentra atrapada entre un conflicto laboral cronificado y la falta de respuestas efectivas por parte de la administración, vive la situación con impotencia y frustración. “Las reclamaciones que hemos puesto no van a ningún sitio. El aviso de que no vendrán te lo dan el mismo día, por la mañana. Y tú ya has perdido el día, el desplazamiento y el esfuerzo”, ha lamentado.
El caso evidencia las consecuencias de la privatización de servicios esenciales como el transporte sanitario. “Todo se externaliza, pero cuando hay fallos, los ciudadanos seguimos pagando igual. En Zaragoza aún puedes coger un taxi. Aquí, desde Ariza, eso es inviable dos veces por semana”, ha expresado Soriano, quien además ha denunciado el impacto directo sobre la salud de su padre: “Cuatro meses en cama han hecho mella. La rehabilitación tenía que empezar lo antes posible, pero ahora dependemos de las vacaciones de mis hijos o de que yo tenga días libres para bajarlo la hospital”.
La situación ha encendido de nuevo el debate sobre la gestión del sistema sanitario público en Aragón, especialmente en áreas rurales. “La calidad de vida de las personas mayores no puede depender de nuestra disponibilidad laboral. Es injusto y es insostenible”, ha concluido María José, visiblemente frustrada por la falta de soluciones.
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JALON
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