EL ESCÁNDALO DE CORRUPCÍON DEL PSOE SALPICA AL CASO DE LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE

El reciente caso de corrupción que afecta al PSOE a nivel nacional ha puesto de manifiesto una conexión directa de uno de sus presuntamente implicados, con el polémico proceso de inmatriculaciones en el Ayuntamiento de Monterde, gobernado por el PP en el Alto Jalón zaragozano. Esta vinculación se debe a que Alfonso Martínez, ingeniero de minas y miembro del Comité regional del PSOE, es autor, al menos según los documentos presentados por el abogado del Ayuntamiento de Monterde a la DGA, de los planos técnicos que sustentan las inmatriculaciones presentadas por el Ayuntamiento en los registros oficiales para justificar que los terrenos afectados son monte público.

La gravedad del caso ha llevado al PSOE Aragón a suspender cautelarmente de militancia a Alfonso Martínez y al concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza Alfonso Gómez Gámez, ambos relacionados con las conversaciones comprometedoras en las que se habla de mordidas, grabadas entre Santos Cerdán y Koldo García, investigadas por la UCO. La secretaria de Organización del partido en Aragón, Manuela Berges, lamentó el sábado la situación, confirmó la suspensión de militancia de ambos, y aseguró que el PSOE está recopilando toda la información para tomar las medidas oportunas, reiterando el compromiso con la transparencia y la ejemplaridad.

La relación de Alfonso Martínez con el proceso de inmatriculaciones en Monterde ha sido objeto de controversia desde hace meses. El abogado del Ayuntamiento, Luis Novel, ha presentado en diferentes ocasiones documentación a organismos como el Registro del la Propiedad o la DGA, en la que se basa para defender que las propiedades inmatriculadas son monte público. Unos planos que, según asegura Novel en esos documentos, fueron elaborados por Martínez. Esta documentación fue aportada también por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón del pasado 2 de abril.

Sin embargo, el alcalde de Monterde, José Gracia (PP), ha llevado la contraria a su abogado. La participación de Martínez en el caso de las inmatriculaciones fue uno de los temas tratados en el pleno municipal celebrado a finales de marzo. En respuesta a una pregunta del concejal de la oposición, Jorge Colás (PSOE), el alcalde de Monterde negó tajantemente que el Ayuntamiento hubiera contratado a Martínez o mantenido relación alguna con él, contradiciendo la información contenida en los documentos oficiales. Esta contradicción entre la versión del alcalde y la documentación presentada ha generado un fuerte debate político y social, avivando las sospechas sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones municipales.

En aquel mismo pleno fue cuando uno de los concejales del PP, José Colás, se desmarcó de las actuaciones del alcalde asegurando que no había sido informado en ningún momento sobre el proceso de inmatriculaciones y las intenciones del alcalde. Precisamente a José Colás, junto a Antonio Blancas y Sergio Pascual, los otros dos concejales del PP, los inmatriculados les piden la dimisión o poner en marcha una moción de censura para acabar con una situación que según denuncian "está causando un gran conflicto social".

El conflicto ya no es solo la situación de la inmatriculación sin contar con el Pleno Municipal y sin hablar con los afectados, de dos centenares de propiedades, sino también el uso de dinero público para llevar a cabo actuaciones en contra de los habitantes del pueblo. Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde se han quejado en numerosas ocasiones de esta circunstancia: "En el primer juicio el Ayuntamiento demoró todo lo posible los plazos, pidió innumerables aplazamientos y dilató todo lo posible el proceso para encarecerlo, para después allanarse a la demanda y que las costas las pagasen tanto la demandante como el ayuntamiento", explican desde la Asociación señalando que "juega con la pólvora del Rey, nosotros pagamos de nuestro bolsillo, y él con el dinero de todos".

Para complicar aún más la situación, el Ayuntamiento de Monterde adjudicó recientemente, por un importe de 14.990 euros (solo 10 euros por debajo del límite que exige licitación pública), un contrato menor al abogado Luis Novel para que defienda al consistorio frente a las denuncias por las inmatriculaciones. Esta contratación, directa y sin concurso, ha sido criticada por la oposición y los vecinos afectados, que consideran que se está utilizando dinero público para sostener un proceso judicial que cuestionan profundamente. Este mismo abogado, que ejerce también como particular de José Gracia enviando un burofax a este medio exigiendo disculpas públicas por utilizar el apelativo Pepe I El Inmatriculador para referirse al alcalde, es "diferente al equipo que tiene para defenderse en la investigación del presunto fraude electoral", añaden los inmatriculados.

Y es que a esta polémica se suma la investigación abierta contra el alcalde José Gracia por presunto fraude electoral, tras detectarse irregularidades en el censo municipal durante las últimas elecciones. La Audiencia Provincial de Zaragoza decidió recientemente mantener la causa abierta tras la petición de archivo por parte de la defensa del alcalde monterdino, argumentando la existencia de indicios de delito, lo que añade más presión política y mediática sobre la gestión del regidor.

Así, la situación en Monterde plantea ahora un enigma importante: o bien el alcalde mintió públicamente en el pleno sobre la relación con Alfonso Martínez, o bien la documentación presentada por el abogado y utilizada en el proceso de las inmatriculaciones no refleja la realidad. La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha señalado esta contradicción, subrayando la necesidad de esclarecer estos hechos para garantizar la transparencia y la justicia en el municipio. Este caso, que sigue en desarrollo, se pone de relieve también la complejidad y las posibles irregularidades en la gestión pública, tanto nacional como regional y local, y mantiene además la atención sobre Monterde como uno de los focos clave de debate político sobre corrupción en Aragón.