IU ARAGÓN DENUNCIA EL NEGOCIO PRIVADO DEL TRANSPORTE SANITARIO Y RECORTES EN LA VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Izquierda Unida de Aragón ha denunciado públicamente este martes que el nuevo contrato del transporte sanitario programado en la comunidad, adjudicado a finales de junio a la empresa SSG, no solo no resuelve la situación de precariedad laboral que arrastra el sector desde hace años, sino que consolida un modelo de gestión privatizada que genera beneficios empresariales a costa de los derechos laborales y la calidad asistencial, especialmente en el medio rural.

La formación ha criticado que el nuevo contrato, formalizado el 30 de junio, incluye una rebaja del 4,01% respecto al precio inicial, pero apenas contempla una subida salarial del 0,75% para los trabajadores, lo que supone —según datos de IU— mantener una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 20% desde 2018. "Este contrato es un insulto a los trabajadores y trabajadoras del sector", ha afirmado Álvaro Sanz, coordinador de IU Aragón, quien ha denunciado que los más de 8 millones de euros que se habían comprometido para mejoras salariales han acabado en el margen de beneficios empresariales de la compañía adjudicataria.

La situación resulta especialmente grave en el entorno rural, donde los efectos de la huelga indefinida que mantienen los técnicos de ambulancia desde hace más de seis años se hacen sentir con mayor intensidad. En municipios como Ariza el deterioro del servicio está afectando directamente a pacientes mayores y dependientes, que no pueden acudir a citas médicas esenciales como rehabilitaciones o revisiones oncológicas por la falta de transporte sanitario no urgente.

Tal y como publicamos el pasado 3 de junio, en la zona rural se dan casos como el de María José Soriano, vecina de Ariza, cuyo padre de 83 años permanece sin poder asistir a las sesiones de rehabilitación recomendadas tras una operación de cadera y fémur. "Nos dieron una cita preferente en marzo, pero la ambulancia nunca llegó", denunció Soriano en declaraciones a Alto Jalón Radio. La familia ha tenido que cancelar citas e improvisar traslados en condiciones precarias. “Todo se externaliza, pero cuando hay fallos, los ciudadanos seguimos pagando igual”, señaló entonces.

IU también ha criticado la falta de penalizaciones a las empresas que incumplen el servicio. Según Sanz, “la empresa se está llevando mensualmente 600.000 euros que se debían destinar a salarios sin que la administración haga nada para corregirlo”. En su opinión, la externalización ha generado una precariedad crónica y un servicio ineficiente que vulnera derechos fundamentales, especialmente de las personas más vulnerables del medio rural.

La denuncia se suma a las voces que, desde diferentes ámbitos, exigen al Gobierno de Aragón una intervención más decidida para garantizar un transporte sanitario público, digno y eficiente. Aunque la formación reconoce la legitimidad de la huelga, advierte de que los problemas de fondo no se resolverán sin un cambio estructural en la gestión del servicio.

Además del transporte sanitario, IU ha cuestionado en la misma nota la reducción del refuerzo para la valoración de la discapacidad, una decisión que —según afirman— está agravando el colapso del sistema y dejando sin atención a más de 7.000 personas. Reclaman la estabilización de los equipos de evaluación mediante convocatorias públicas y medidas que garanticen la aplicación de la ley sin demoras.

Desde IU Aragón concluyen que la política sanitaria actual “renuncia a garantizar derechos básicos mientras permite que empresas privadas se lucren con fondos públicos”. Una crítica que, tras años de denuncias y promesas incumplidas, encuentra eco en los testimonios de vecinos como María José Soriano, quienes exigen soluciones reales ante un modelo que, aseguran, está fallando allí donde más se necesita.