VÍCTOR RUIZ ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD DE "OPACIDAD DELIBERADA" EN EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NICCOLÒ CUSANO

El diputado socialista y secretario general del PSOE en Calatayud, Víctor Ruiz de Diego, ha acusado este jueves al alcalde José Manuel Aranda de mantener una “opacidad deliberada” en torno al proyecto de implantación de la universidad privada Niccolò Cusano. En una entrevista emitida esta mañana en Alto Jalón Radio, Ruiz de Diego ha denunciado la falta de acceso a la documentación vinculada al proyecto, pese a las reiteradas solicitudes presentadas por su grupo municipal al amparo de la Ley de Transparencia.

Ruiz de Diego se ha quejado de recibir respuestas "opacas" y afirmaciones de inexistencia de expedientes e información tramitada en el consistorio a pesar de las declaraciones del alcalde, José Manuel Aranda, en diferentes medios, hablando sobre los terrenos donde se va a construir e incluso sobre la adecuación de accesos por parte del Ayuntamiento para favorecer su instalación. Durante su intervención, Ruiz de Diego ha calificado de “inadmisible” que el alcalde sostenga por escrito que no existe ningún expediente administrativo tramitado sobre este asunto, al tiempo que declara en entrevistas que hay compromisos municipales prioritarios en marcha. “No se puede jugar con la verdad dependiendo del foro en el que uno se encuentre. Si se están urbanizando accesos o manteniendo reuniones con promotores, debe existir documentación, y si existe, debe facilitarse”, ha afirmado.

“Han pasado dos años y medio desde que el alcalde anunció la llegada de la universidad y no hemos visto ni un solo papel. Ni un plano, ni un contrato, ni un compromiso formal. Y sin embargo, en entrevistas públicas él mismo admite que se va a urbanizar para facilitar el acceso al campus”, ha señalado el diputado, quien subraya que esas declaraciones demuestran que el Ayuntamiento sí dispone de información relevante, aunque se niegue a compartirla.

El congresista ha explicado también esta mañana que ha reclamado hasta en tres ocasiones el expediente sobre el envío del proyecto al Ministerio de Universidades y que, cuando se le entregó algo, únicamente recibió una instancia de un folio. “A estas alturas lo único que tengo son respuestas que rozan el esperpento. La última resolución deniega el acceso porque, según ellos, el expediente se envió un día después de que me denegaran la información. Una triquiñuela legal, pero inaceptable”, ha denunciado.

El socialista ha cargado además contra el uso de la palabra “discreción” por parte del Ayuntamiento para justificar la falta de información. “La discreción no puede amparar la opacidad. Estamos hablando de un proyecto que puede implicar recursos públicos. ¿Qué se ha ofrecido exactamente a los promotores? ¿Cuánto costará a la ciudadanía? ¿Qué compromisos ha adquirido el equipo de gobierno?”, ha planteado. En su intervención, ha adelantado que presentará una nueva queja ante el Justicia de Aragón e incluso ha dejado la puerta abierta a recurrir por vía judicial si la situación persiste.

Ruiz de Diego también ha recordado que tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo viajaron a Roma para conocer la universidad matriz, y ha exigido saber quién pagó ese viaje. “Si lo pagó el Ayuntamiento, quiero ver las facturas. Si lo pagaron otras instituciones públicas, quiero ver los billetes. ¿Por qué fue el concejal de Urbanismo y no la concejala de Educación?”, ha cuestionado.

En el plano educativo, el diputado ha puesto en duda la calidad del proyecto universitario que se pretende implantar. “No se sabe si las titulaciones serán homologables ni cuánto tendrán que pagar las familias. Lo que se presenta como un campus presencial tiene un modelo mayoritariamente online, y hay serias dudas sobre su encaje con los estándares del sistema universitario español”, ha afirmado, aludiendo a la intención del Gobierno central de endurecer los requisitos de calidad para nuevas universidades.

Finalmente, Ruiz de Diego ha insistido en que el PSOE no se opone por principio a la llegada de una universidad privada a Calatayud, pero exige garantías de legalidad, transparencia y calidad educativa. “Lo mínimo que merecen los bilbilitanos es saber qué se está pactando en su nombre y con su dinero. La transparencia no es una opción, es un deber institucional”, ha concluido.

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