Nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y Aragón, han solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura la convocatoria urgente y presencial de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para analizar el impacto de la nueva propuesta presupuestaria europea para la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. La iniciativa responde a la “gran preocupación” generada por la reducción del 20% anunciada por la Comisión Europea, que plantea un modelo de fondo único y pone en riesgo, según los firmantes, la rentabilidad del campo y la estructura actual de la PAC.
El documento, dirigido al ministro Luis Planas, ha sido suscrito por los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid y Extremadura. En él advierten que la propuesta “rompe con esta política tal y como la conocemos y pone en riesgo el mantenimiento de nuestro tejido agropecuario”.
Los firmantes rechazan la desaparición del sistema basado en dos pilares —pagos directos y desarrollo rural— y alertan de que el planteamiento europeo “supone un cambio radical”, al eliminar elementos como la degresividad, el componente verde o las ayudas específicas al agricultor activo. Por ello, reclaman conocer con urgencia el texto completo para “establecer acciones conjuntas que velen por los intereses del sector agrario español”.
Por su parte, el ministro Planas ha respondido hoy mostrando su “sorpresa y rechazo” por esta propuesta inicial del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, presentada por la Comisión Europea esta misma semana. Ha señalado que “no se corresponde con lo que le habíamos pedido 20 Estados miembro” y ha asegurado que irá “a tope” para intentar mejorar la dotación presupuestaria del sector agroalimentario.
Planas ha reconocido su “gran preocupación” por el incumplimiento de los compromisos expresados por Bruselas en los últimos meses en defensa del sector primario. Sin embargo, ha recordado que el proceso se encuentra en una fase inicial de negociación y se ha comprometido a trabajar para revertir una decisión que, de consolidarse, “comprometería la viabilidad del modelo agrario actual”.
Desde Castilla y León, una de las comunidades con mayor peso en la recepción de fondos de la PAC, la Consejería de Agricultura ha señalado que este recorte afectaría directamente a explotaciones familiares de todo el territorio, incluyendo zonas de especial vulnerabilidad como el Alto Jalón, donde la actividad agraria desempeña un papel esencial en el mantenimiento poblacional y económico.
JALON
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