EL CONSEJO DE LA ABOGACÍA DE CyL ADVIERTE DE LAS DESIGUALDADES JUDICIALES QUE PUEDE PROVOCAR LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA EN EL MEDIO RURAL

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha cerrado el curso judicial este viernes en Arévalo (Ávila) con una reunión plenaria marcada por la preocupación ante los efectos que puede tener la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en los territorios rurales. La reciente implantación de los tribunales de instancia y de las oficinas municipales de justicia podría agravar las desigualdades en el acceso a la Justicia, debido a la falta de medios y formación especializada en los municipios más pequeños.

El encuentro ha servido para analizar el impacto real de una ley que, en palabras del presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, puede dificultar aún más el acceso a la Justicia para la ciudadanía rural frente a quienes residen en las capitales. La reestructuración ha afectado ya a 32 partidos judiciales fuera de las capitales provinciales de Castilla y León, donde se teme que la escasa dotación material y la menor preparación de los funcionarios locales supongan un obstáculo en la prestación del servicio.

Uno de los puntos más conflictivos es la obligatoriedad, desde el pasado mes de abril, de acudir a medios alternativos de resolución de conflictos —como la mediación, la conciliación o el arbitraje— antes de iniciar procedimientos civiles, de familia o mercantiles. Aunque este requisito se aplica también en zonas urbanas, su implementación es especialmente compleja en el medio rural por la falta de recursos. Mónica Pérez Villegas, presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, ha subrayado que las oficinas municipales podrían jugar un papel clave en esta fase previa, pero siempre que el Ministerio de Justicia garantice financiación, coordinación y formación suficiente.

Durante la sesión también se ha puesto sobre la mesa la situación estructural de la Justicia en el medio rural: sedes judiciales sin medios materiales suficientes, alta interinidad en las plantillas, falta de presencialidad de operadores clave como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales, y un progresivo envejecimiento del colectivo de abogados en estas zonas, sin apenas relevo generacional.

El Grupo de Trabajo de Abogacía Rural ha presentado además un informe con datos sobre la situación de la profesión en el territorio y avanza en la creación de una red de abogados rurales que canalice tanto las quejas como las propuestas, al tiempo que refuerce la visibilidad de este colectivo.

La jornada se ha cerrado con el homenaje a Julio Sanz Orejudo, presidente del CACYL entre 2017 y 2025, que ha recibido la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía de Castilla y León. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y colegiado en Segovia desde 1980, Sanz ha sido una figura clave en la vertebración del consejo autonómico y en la puesta en marcha de la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Al acto han asistido representantes del Consejo General de la Abogacía Española y diversas autoridades judiciales, destacando la lectura de la laudatio a cargo de la expresidenta del CGAE, Victoria Ortega.