En total fueron desalojadas ocho personas. Cuatro de ellas han sido detenidas por encontrarse en situación irregular en España, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Uno de los arrestados, además, ha sido imputado por un presunto delito contra la salud pública. En el interior de una de las viviendas se hallaron 20 gramos de cocaína, 30 gramos de hachís ya preparados para su venta, básculas de precisión, útiles para el menudeo y dos armas blancas de gran tamaño.
También se localizó un perro catalogado como potencialmente peligroso, del que se hizo cargo el servicio de Protección de la Naturaleza del Ayuntamiento de Calatayud. A media mañana, técnicos de la compañía eléctrica acudieron al lugar para cortar una conexión ilegal a la red que había sido manipulada.
Tras el desalojo, los inmuebles fueron devueltos a sus propietarios, que procedieron a tapiarlos para evitar nuevas ocupaciones.
Este operativo, más allá de su dimensión policial, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en muchas ciudades: la ocupación de inmuebles vacíos, su vinculación con actividades ilegales, y la dificultad de actuación cuando estos espacios se convierten en focos de inseguridad. Una cuestión que, como otras, abre el debate entre legalidad, vulnerabilidad y convivencia.
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