CATILLA LA MANCHA MARCA EL CAMINO DE LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD TERRITORIAL

Lomeda, uno de los pueblos abandonados de la comarca del Alto Jalón. Foto: Carlos J. Bueno. Instagram: @Charly_jbp

El movimiento para la lucha contra la desigualdad territorial comienza a obtener apoyos políticos e institucionales encaminados a generar ventajas competitivas para el entorno rural a la hora de generar y atraer emprendimiento. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma pionera que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.

El anteproyecto de Ley está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social del rural manchego para alcanzar la cohesión social y territorial.

El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.

Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural. Otra de las novedades que se han incluido en el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional. A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales.

Del mismo modo, el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para que los que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar puedan volver. El anteproyecto establece igualmente una garantía en el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.