ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE LA DIMISIÓN DEL DIRECTOR DEL INAGA POR AUTORIZAR LOS TRABAJOS CAUSANTES DEL INCENDIO

Ecologistas en Acción ha solicitado la dimisión del director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jesús Lobera Mariel, por autorizar los trabajos que han causado el incendio forestal que ha arrasado 14.000 hectáreas de monte, matorral y frutal en el Alto Jalón. En un comunicado, la confederación de más de 300 grupos ecologistas acusa al INAGA de "un posible trato de favor a la empresa" por autorizar las obras de desnaturalización y de reforestación posterior con la recomendación de extremar las medidas de seguridad, pero sin imponer restricción alguna", y solicitan al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para "recuperar urgentemente la actividad frutícola, base de la economía local en una zona de fuerte retroceso poblacional", señalan.

El lugar donde se originó el incendio, una finca entre los términos municipales de Ateca y Bubierca, fue adquirida por un inversor privado para utilizarla con fines recreativos y cinegéticos. Para ello, la propiedad solicitó autorización para abrir caminos nuevos y construir edificios, acometiendo el desmonte y la desnaturalización de "una parte importante del suelo para la confección de balsas", según señalan desde Ecologistas en Acción. Estos trabajos fueron llevados a cabo por la empresa de Ejea de los Caballeros, Campos Rey Trabajos Forestales, especializada en la gestión forestal, tanto en repoblamientos como en aprovechamiento de la madera quemada. Esta empresa fue contratada por la compañía holandesa Land Life, que lleva desde 2020 trabajando con el Gobierno de Aragón, para repoblar esta propiedad privada con el objetivo de comercializar los derechos de captura de CO2 al plantar los árboles. 

"Entendemos que una cosa es reforestar y otra intervenir el monte con maquinaria para abrir caminos que faciliten la caza. Lo segundo nada tiene que ver con la reforestación", destacan desde Ecologistas en Acción, molestos porque el INAGA "autorizó las obras de desnaturalización y de reforestación posterior con la recomendación de extremar las medidas de seguridad, pero sin imponer restricción alguna". Además, apuntan que estas obras de desmonte y reforestación "ya habían provocado otro incendio hace un mes que calcinó 20 Ha". En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, confirmó ayer que tras el primer incendio, la sección de incendios del servicio provincial trasladó a la empresa causante del fuego "la recomendación expresa de que pospusiera los trabajos". Algo insuficiente para Ecologistas en Acción, quienes remarcan que "ni estas empresas ni el Gobierno de Aragón procedieron a paralizarlas hasta el otoño/invierno, periodo mucho más propicio para reforestar".

En su comunicado, la organización ecologista recuerda que el INAGA prohíbe tajantemente la quema de rastrojos casi todo el año por el riesgo de incendio. "La acumulación de rastrojo hace que los campos y ribazos ardan con terrible facilidad y comunican unos campos con otros", indican añadiendo que "en esta zona el riesgo de incendio aumentó tras el abandono de campos de regadío por el bajo precio de la fruta". Por eso desde Ecologístas en Acción no entienden "que se prohíba una medida tradicional de riesgo, la quema del rastrojo, y se permita otra no indispensable y de similar riesgo, como son las actividades en pleno mes de julio de la empresa Campos Rey Trabajos Forestales", y acusan al INAGA, dependiente del Gobierno de Aragón, de "permitir que esta tragedia se produzca sin haber aplicado la debida supervisión de estas actividades en un periodo de extraordinario riesgo de incendio".

En dicho comunicado colgado en su página web, en el que piden también que las dos empresas implicadas en el incendio dejen de operar en todo el territorio aragonés, Ecologistas en Acción solicita que se mejoren las capacidades humanas y materiales de los medios de extinción, poniendo en valor su trabajo y denunciando sus pésimas condiciones laborales. Además, denunciando "las denominadas prácticas de cosmética verde con las que algunas empresas plantan árboles para poder seguir contaminando",  instan al Gobierno de Aragón a abrir la vía judicial "para que la empresa resarza a todos los afectados de la zona por la pérdida de sus pertenencias" ya que, según consideran, "deben establecerse claramente las responsabilidades económicas de esta catástrofe y cómo van a resarcirse a todas las familias afectadas, pero también el daño irreparable al patrimonio material y natural de los pueblos afectados".