CASTILLA Y LEÓN SOLICITA UNA “POLÍTICA DE ESTADO” PARA ABORDAR LAS ACCIONES CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha participado este jueves, junto a sus homólogos de Aragón, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, en la mesa redonda titulada ‘La acción de las comunidades autónomas frente al reto demográfico’, dentro del programa del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, que ha organizado la Federación Española de Municipios y Provincias y la Diputación de Albacete, con el objetivo de evaluar cuánto y cómo han hecho en materia de reto demográfico las instituciones y plantear nuevas líneas de actuación para “convertir despoblación en oportunidad”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León reconoció que los datos sitúan a su comunidad -la región más extensa de España y la tercera de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios, casi 7.000 entidades locales de población-, con un “importante riesgo de despoblación”, donde tres de cada cuatro entidades locales tiene menos de 500 habitantes, y una de cada tres tiene menos de 100 habitantes.

Suárez-Quiñones también señaló que la expectativa de vida en Castilla y León es alta, por encima de la media, lo que conlleva un efecto de envejecimiento de la población, que con unas tasas de natalidad bajas dan lugar a un crecimiento vegetativo favorable. Diagnóstico propio de varias comunidades en España, como ”las ocho CCAA que estamos en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, que en el año 2017 llevamos a la VI Conferencia de Presidentes autonómicos la necesidad de abordar la despoblación como política de Estado, con una estrategia nacional y, por tanto, como un compromiso de todos, sumando las iniciativas del Gobierno y las comunidades autónomas”.

Pilares institucionales y transversales para luchar contra la despoblación

La Junta de Castilla y León está llevando a cabo varias iniciativas transversales entre las consejerías con un nuevo enfoque de población y territorio a través de varios campos de actuación: el institucional, con la creación del Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, que representa a la sociedad civil para planificar, diseñar y evaluar las políticas y actuaciones que llevemos a cabo en esta materia; el campo normativo, con la elaboración de un proyecto de Ley sobre dinamización demográfica, que estructure e impulse las políticas públicas y que aborde las reformas necesarias; y el campo de la planificación, para redactar una Estrategia de Dinamización Demográfica, como instrumento de orientación del conjunto de las políticas públicas con la intervención de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Servicios públicos decisivos en el medio rural

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, enfatizó en su exposición la importancia de los servicios públicos como “los auténticos elementos decisivos en la lucha contra los problemas derivados del cambio demográfico”, y “es aquí” dijo, “con los presupuestos donde la Junta de Castilla y León ha demostrado poner todas las medidas necesarias al incorporar actuaciones en todas las áreas de gasto”.

En los presupuestos de 2023, la Junta ha apostado por la inversión en servicios básicos, sanidad, educación y servicios sociales, dirigida a la mejora en el medio rural de los servicios sociales, la conciliación familiar, el apoyo a personas mayores, la asistencia sanitaria y los centros educativos, así como la implantación de plataformas de gestión inteligente de servicios públicos,  “lo que va a permitir impulsar una política de apoyo a las familias, especialmente a las familias jóvenes en el medio rural”.

Suárez-Quiñones destacó como novedoso desde hace catorce años la implantación en Castilla y León del transporte a la demanda y gratuito, para posibilitar el acceso a los centros de servicios, comarcales o provinciales. “Transporte a la demanda que ha tenido una respuesta extraordinaria y es uno de los elementos fundamentales para ayudar a vivir con calidad de vida en el medio rural, garantizando la igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos, así como a actividades como el ocio, las administrativas y de comercio”.

Destacó también el consejero el servicio básico de la sanidad en Castilla y León, dando seguridad al ciudadano que vive en los pueblos, tanto la atención primaria como la de emergencias. “Somos una Comunidad con más de 3.600 consultorios médicos en los pueblos, el 60% de los consultorios de España, donde la Junta se ha preocupado de tejer de forma capilar la sanidad, tomando medidas ante las dificultades que conlleva la actual escasez de médicos, reclamando del Gobierno de España su parte en la gestión sanitaria que es promover la existencia de más plazas MIR, convocatorias extraordinarias, agilizar las homologaciones de títulos”.

También resaltó Suárez-Quiñones los servicios sociales y los educativos en Castilla y León, de entre los mejor valorados desde diferentes organismos independientes y profesionales del sector en España, con medidas de apoyo a la natalidad; la educación gratuita de cero a tres años, que está siendo implantada en esta legislatura; la falta de lista de espera en dependencia, los programas de conciliación; la atención a las personas mayores, vigilando que tengan una “soledad voluntaria”, pero no una “soledad no deseada”, con el acompañamiento en todo caso de programas de teleasistencia tecnológica avanzada digitalizada, y “con un conjunto de programas para que en su libertad vivan donde quieran vivir, pero que estén siempre acompañados por la Junta de Castilla y León”. A esto llevan los programas INTecum, ‘A gusto en casa’ o el proyecto ‘Viviendas en Red’.

Fiscalidad diferenciada

El consejero dejó claro que tiene que haber unos servicios públicos de calidad, o una buena digitalización y conectividad en el medio rural, infraestructuras y actividad económica de la que vivir en el medio rural, “pero hay que ofrecer una discriminación positiva tributaria, una fiscalidad diferenciada, que entendemos que es la clave de la pervivencia de la población en el medio rural”.

A este respecto recordó Suárez-Quiñones que la Junta de Castilla y León aprobó en diciembre pasado años 2022 la Ley de rebajas tributarias en la Comunidad, que consolida un camino en el que la fiscalidad supone un “hecho diferencial para decidir quedarse o venir a vivir o emprender en un pueblo”. Medidas como tener un tramo autonómico reducido en el IRPF, “el segundo más bajo de España”, y una serie de importantes bonificaciones en tributos y tasas competencia de la Junta en Castilla y León, como son, por ejemplo, las deducciones para jóvenes de menos de 36 años que quieran comprar una vivienda en el medio rural; el no pagar impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de vivienda usada en el medio rural, junto con medidas no fiscales como la construcción de vivienda pública en el medio rural con un descuento del 20% para jóvenes, y que en el caso del alquilar una vivienda en el mercado la Junta les paga el 75% de alquiler, son ejemplos que ayudan a tomar la decisión de quedarse o irse a vivir a un pueblo. “Fiscalmente, un conjunto de medidas que conllevan ahorros fiscales que pueden estar en torno a los 500 millones de euros al año, y que hacen de esa fiscalidad diferenciada uno de los caballos de batalla para luchar contra la despoblación”.

Reclamo al Gobierno de una financiación autonómica territorial y fiscalidad diferenciada estatal

El consejero entiende que en estos momentos “no podemos estar solas las comunidades autónomas, dado que los servicios que prestamos desde autonomías muy extensas, de población dispersa y envejecidas, han de satisfacerse con otro marco de financiación autonómica”, abogando por lo que ya pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2017, como es un pacto de Estado en el que se adapte la financiación autonómica y local a esta realidad territorial y poblacional, que cubra el importante mayor coste de la prestación de los servicios públicos, “una financiación autonómica que tenga en cuenta los servicios que prestan las administraciones autonómicas y locales al territorio”.

Añadió Suárez-Quiñones que “la fiscalidad diferenciada no puede quedar sólo a cargo de las comunidades autonómicas que la aplican, sino también el Gobierno de España, que debe aplicarla en el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de sociedades, o las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos y la fiscalidad de pequeñas empresas que están en el medio rural”. Sólo sumando esfuerzos, también los del Estado, se podrá revertir la situación que plantea este reto demográfico, que es común a la España interior y a la Europa interior, y que representa una de las más importantes luchas y desafíos de presente y de futuro.