EL COLEGIO DE EDUCADORES SOCIALES DE ARAGÓN ESTUDIARÁ PERSONARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO DEL CAM DE ATECA

El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) baraja la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso del Centro de Menores (CAM) de Ateca. Cinco de sus trabajadores siguen en prisión provisional, entre ellos el director de la institución y cuatro empleados, de los que se señala que carecían de la formación necesaria para desempeñar un puesto dedicado al trabajo con menores disruptivos. Se les imputan delitos de lesiones, torturas, agresión sexual y organización criminal hacia los jóvenes internados.

En su comunicado, desde el CEES han reiterado y exigido la colegiación obligatoria "como marca la legislación aragonesa" para el ejercicio de la profesión de educador o educadora social, algo que según aseguran, garantiza que todo profesional contratado posee la titulación necesaria, lo que implica una obligación de "cumplir el código deontológico de la profesión evitando así el intrusismo profesional que tanto daño está haciendo". Los educadores aragoneses responden así a la realidad de que varios de los imputados ejercían su labor contratados por el Grupo Lagunduz sin ningún tipo de formación reglada para el desempeño de su trabajo. Un puesto enfocado al cuidado de menores derivados al internamiento por orden judicial debido a su comportamiento o a una situación social compleja.

El Centro de Menores de Ateca, gestionado por la U.T.E. Fundación Salud y Comunidad, y por el Grupo Lagunduz, fue cerrado también por decreto judicial y los menores que estaban internos, han sido reubicados. A su vez, se busca a nueve menores fugados del centro por si su fuga tuviera que ver con este caso y pudiera haber nuevas víctimas. Todo esto en un centro que tiene concertadas con el Gobierno de Aragón una veintena de plazas a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

A este respecto, desde el CEES, órgano en el que se encuentran colegiados los profesionales titulados del sector de la Educación Social en la comunidad autónoma, recuerdan que han denunciado "en innumerables ocasiones, desde hace muchos años y con diferentes gobiernos autonómicos, la insuficiente falta de control y supervisión por parte del IASS de los conciertos con las entidades privadas".Reclaman que "todos los recursos del sistema de protección y reforma de la Comunidad Autónoma deberían ser públicos".

Los Educadores Sociales de Aragón ha querido también poner en valor el buen hacer profesional sus compañeros y compañeras en las direcciones provinciales del IASS y en los diferentes centros de protección y reforma de la Comunidad Autónoma, a los que definen como "profesionales con formación, compromiso y experiencia en atención socioeducativa a niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias se encuentran en el sistema de protección y reforma".

En su nota han expresado además que se encuentran "preocupados por los presuntos hechos delictivos" y han solicitado "prudencia y responsabilidad"  a la espera de que la administración de justicia se pronuncie y adopte las medidas sancionadoras pertinentes. "Mientras esto ocurre, pedimos a la administración que ponga a disposición de las familias denunciantes y de los niños víctimas los recursos necesarios para que puedan sentirse protegidas y acompañadas en este proceso tan doloroso".

El caso permanece abierto a la espera de juicio. Tras escuchar los testimonios de los denunciantes y de varios empleados del centro, y de examinar las primeras pruebas periciales periféricas, la jueza mandó a prisión a los imputados ante la gravedad de los hechos y tras la petición del fiscal. Este martes, el abogado defensor de Mohamed B., Youssef B. y Alexandru R. A., Juan Manuel Martín Calvente, tiene previsto presentar el recurso este mismo martes argumentando la inexistencia de elementos probatorios contra sus representados y que la decisión de la jueza se basa en testimonios no corroborados por elementos objetivos. Según informaba ayer Heraldo de Aragón, el director, Iván R. M. y el otro de los educadores y auxiliares implicados, Abdelilah A., seguirán sus pasos.