EL ABOGADO DE TRES DE LOS TRABAJADORES DETENIDOS DEL CENTRO DE MENORES DE ATECA SOLICITA SU LIBERTAD PROVISIONAL

El abogado Juan Manuel Martín Calvente, representante legal de tres de los cinco trabajadores del centro de menores de Ateca detenidos por presuntos delitos de organización criminal, contra la integridad moral, torturas, lesiones y agresión sexual, ha solicitado la puesta en libertad provisional de sus clientes. Martín Calvente, que esta mañana estará en Los Desayunos de Alto Jalón Radio, argumenta que no se han presentado "pruebas objetivas" que incriminen a sus tres defendidos, quienes fueron arrestados tras las denuncias de las madres de dos menores.

Esta solicitud de libertad provisional coincide con la petición de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) para personarse en la causa como acusación popular. Jorge Piedrafita, representante legal de Adive, ha señalado que su objetivo es mantener a los investigados en prisión y construir una base probatoria sólida que permita una condena ejemplar y disuasoria, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves en la sociedad.

La detención de los cinco hombres, cuatro empleados y el director del CAM, que ha conmocionado a la comunidad, ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y ha despertado el interés y preocupación de diversas entidades y organizaciones. El Gobierno aragonés se ha personado también en la causa como parte perjudicada, ya que el centro de menores estaba concertado con una asociación privada. 

Además, el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón se ha sumado a la acusación, destacando la necesidad de exigir que los trabajadores del sector acrediten su titulación. La investigación reveló que los empleados del centro de Ateca carecían de la titulación necesaria.

Ya en diciembre de 2019, el sindicato CGT informó a Servicios Sociales de deficiencias en la alimentación, en la ropa, en el control de medicaciones o en la contratación de personal sin formación. Por su parte, el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón ha insistido que en los contratos de prestación de servicios con entidades sociales se incluye la declaración jurada de la cualificación del personal, pero no es obligatorio estar colegiado.

El PSOE por su parte ha pedido que comparezcan los responsables de menores del Gobierno de Aragón para que expliquen la situación y el cierre. También Chunta Aragonesista ha pedido información sobre las presuntas irregularidades. 

Ayer también se supo que una de las madres presentó una queja ante la institución de El Justicia de Aragón, unos días antes de las detenciones, aportando datos e imágenes como prueba de las agresiones sufridas por su hijo. El caso ha despertado el interés tanto de la titular de El Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, como del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quienes siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.