EL GOBIERNO DE ARAGÓN RESCINDE EL CONTRATO A LOS GESTORES DEL CENTRO DE MENORES DE ATECA

La consejera de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha comparecido esta mañana ante los medios para dar explicaciones sobre lo ocurrido la semana pasada en el caso del Centro de Menores de Ateca, en el que las denuncias de maltratos y abusos de dos menores han desembocado en la detención y posterior ingreso en prisión del director y cuatro trabajadores. El Gobierno de Aragón ha asumido "deficiencias" en la supervisión del centro y ha iniciado una investigación. 

Desde el Ejecutivo aragonés se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia, y se ha rescindido el contrato a la UTE formada por la Fundación Salud y Comunidad  y el Grupo Lagunduz, que gestionaba el CAM de Ateca. La DGA ha interpuesto también una reclamación administrativa por daños y perjuicios ante los gestores del CAM de Ateca por el incumplimiento del contrato. "El objetivo fundamental rescindir cualquier relación contractual de la administración con la entidad gestora a presente y a futuro", ha anunciado Susín.

Susín ha explicado ante los medios esta mañana que designó el pasado lunes a un instructor para que estudiase qué ha podido fallar en el centro de menores de la localidad zaragozana, donde dos menores denunciaron que sufrieron casos de tortura y abuso que la consejera ha definido como "de extrema crueldad". La consejera ha asegurado también que el Gobierno de Aragón pondrá esta investigación a disposición de la juez instructora "cuando lo requiera" y que los resultados de la misma serán utilizados "para depurar responsabilidades internas". 

La investigación del Gobierno de Aragón tratará de dilucidar "si alguien miró para otro lado" en el caso del CAM de Ateca, de donde también se buscarán denuncias previas como la que recordaba hace unos días CGT, de 2019, cuando denunciaron sobre el centro atecano la presencia de personal no formado, así como deficiencias en la alimentación, medicación o vestimenta de los menores. Desde el departamento que dirige Susín se buscarán también deficiencias en la cadena de mando, en la transmisión de la información "o cualquier otro tipo de hecho que pudiera acarrear una responsabilidad".

La principal tarea del Gobierno aragonés en estos momentos es acreditar la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido en este caso y de la información que se ha podido recabar: “Hemos detectado deficiencias en las canales de comunicación y de información”, ha señalado Susín: “Existe la orden de que cualquier incidencia debe ser comunicada y no ha sido así”. Por tanto, si por parte de la Administración, fruto del expediente interno de investigación ya en curso, se llega a acreditar “cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control” que a ésta le corresponde, “se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta las últimas consecuencias”, ha reiterado la responsable del Departamento de Bienestar Social y Familia.

El caso que ha saltado en el CAM de Ateca servirá al menos para que el Gobierno de Aragón audite todas las instalaciones donde la DGA tiene sus menores tutelados. "Con esto pretendemos conocer si puede haber riesgos, si estos contratos cumplen con lo que legalmente está establecido, si ha habido más casos similares y de qué tipo, así como profundizar y diseccionar el funcionamiento de este tipo de centros para afrontar mejoras", ha explicado la consejera Susín señalando que "el principal interesado en que se alcare la situación" es el Gobierno de Aragón.

A la espera de que avance la investigación, el Gobierno de Aragón se ha personado en una causa que se mantiene abierta y por la que los cinco imputados, el director del centro y cuatro empleados, continuan en la cárcel. El abogado defensor de tres de ellos -Mohamed B., Youssef B. y Alexandru R.A-, Juan Manuel Martín Calvente, pidió este martes en el juzgado su puesta en libertad argumentando "ausencia de pruebas objetivas". Lo mismo hizo ayer y bajo el mismo argumento el abogado Marco Navarro, defensor de Abdelialiah A., el otro empleado encarcelado. En cuanto al director, Iván R.M., su defensa pedirá también su puesta en libertad.

El abogado de Iván R.M., Gregorio Entrena, ha señalado en declaraciones a Europa Press que está convencido de la inocencia del director del CAM, al que se le acusa de ser cooperador necesario de los supuestos maltratos y abusos, y de intentar falsear un informe de lesiones de una de las denunciantes. Entrena ha insistido en que a su defendido le acusan "de si toleró o no toleró, no de haber cometido los delitos que suenan tan mal".