LA DEFENSA DE LOS DETENIDOS DEL CAM DE ATECA PEDIRÁ LA ANULACIÓN DE UN VÍDEO QUE PROBARÍA LAS TORTURAS

El abogado de tres de los detenidos por las denuncias de torturas y abusos en el Centro de Atención de Menores de Ateca ha presentado un recurso para la anulación como prueba de un vídeo que mostraría las torturas y vejaciones a las que fue sometido uno de los denunciantes. José Manuel Martín Calvente, abogado de Mohamed B., Youssef B. y Alexandru R. A., ha argumentado que la investigación realizada para obtener el documento audiovisual ha sido prospectiva y se ha vulnerado el derecho a las telecomunicaciones.

Tal y como informaba hace dos días el periódico hoyaragon.es y confirma hoy la versión digital de El Heraldo, la Guardia Civil estaría en posesión de un vídeo que confirmaría las brutales torturas relatadas por los denunciantes en el caso del Centro de Atención de Menores de Ateca. El vídeo, supuestamente extraído del móvil de uno de los representados por Martín Calvente, contendría imágenes muy impactantes probatorias de vejaciones y maltratos físicos.

Según relata El Heraldo en su información de hoy, en los materiales audiovisuales se escucha con claridad a uno de los cuatro trabajadores, además del director, investigados y en prisión preventiva, agrediendo física y verbalmente a uno de los menores. El diario aragonés detalla que "la grabación capta al chico inmovilizado en el suelo, tumbado bocabajo, con las manos a la espalda y el adulto sobre él presionando sus brazos con una de sus rodillas mientras empieza el castigo".

El relato continúa explicando la manera en la que el trabajador del centro hace repetir en varias ocasiones al menor inmovilizado que es "una perra" mientras le golpea en diferentes ocasiones la cabeza y le retuerce el brazo. Durante el castigo, el monitor obliga al menor a definirse como "una puta". Gracias a estos vídeos podrían confirmarse parte de las versiones de las cerca de once denuncias que la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ya tiene en su poder. Dos de ellas son las que iniciaron el caso, y posteriormente, la Guardia Civil encontró otros nueve casos con relatos similares.

En su declaración inicial, el primero de los demandantes, un menor de 16 años, ya explicó que en alguna ocasión había advertido que estaba siendo grabado mientras los monitores le humillaban y maltrataban físicamente. Esto hizo que la Guardia Civil comenzase a buscar material audiovisual en los teléfonos móviles requisados de los imputados, que están desde el principio de la investigación ingresados en la cárcel de Zuera de forma preventiva. Una actuación en la que, según el abogado defensor, "el cauce legal constitucional no ha sido respetado", por lo que ha solicitado la anulación de la prueba.

La juez tendrá ahora que decidir sobre esta petición de la defensa para anular prueba que podría ser clave a la hora de inculpar definitivamente a los investigados. Hasta el momento, los recursos interpuestos por las defensas solicitando la salida de prisión de los detenidos de momento no han prosperado, pero en esta ocasión la defensa se muestra optimista y espera haber encontrado un fallo en la orden de investigación y búsqueda de purebas en los móviles de los acusados.

La vista oral se reanuda este jueves, con las declaraciones del gerente y de la antigua coordinadora del centro. Con todo, el juzgado vuelve a la actividad esta semana y la investigación sigue adelante mientras los empleados Abdelilah A., Mohamed B., Youssef B. y Alexandru R. A. y el director del centro continúan en prisión. A los cuatro primeros investigados de les imputa, además de los malos tratos y torturas, presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

En cuanto al director, este ocupó ese cargo desde enero de 2024 y se le considera cooperador necesario en los delitos de torturas, lesiones, pertenencia a grupo criminal y contra la integridad moral por los hechos denunciados durante el periodo que estuvo al frente de la entidad. Además, se le acusa de intentar obligar a otro empleado, el enfermero del centro, a falsificar un parte de lesiones provocadas por estos malos tratos a una de las menores denunciantes. Para ello, fue clave el informe presentado por la coordinadora y la confirmación con el testimonio del enfermero implicado.

Las instalaciones gestionadas por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz en Ateca permanecen cerradas desde pocos días después de que saltase la noticia, y una vez que el Gobierno de Aragón rescindiese el concierto de 1,2 millones de euros al año que tenía con la Unión de Empresas Temporal que conformaban ambas entidades para gestionar el centro. Los empleados del centro, algunos de ellos testigos que ayudaron a esclarecer los hechos, ya saben que van a ser despedidos y este mismo miércoles se reunen con la empresa para finiquitar su relación laboral.