EL GOBIERNO DE ARAGÓN SOLICITA UN INFORME JURÍDICO PARA PEDIR COMPENSACIONES MORALES A LOS GESTORES DEL CAM DE ATECA

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, compareció esta mañana ante el Pleno de las Cortes para informar sobre las acciones emprendidas y futuras en relación a la protección de menores tras el cierre judicial del Centro de Menores de Ateca el pasado agosto. La clausura, motivada por diversas denuncias de malos tratos y abusos por parte de varios trabajadores del centro, ha desencadenado una serie de decisiones encaminadas a mejorar el sistema de protección infantil en la comunidad. La consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno en esclarecer los hechos y mejorar el sistema de protección de menores, mientras cinco personas permanecen detenidas en el marco de la investigación judicial.

Durante su intervención, Susín recordó que la gestión del centro, especializado en el tratamiento terapéutico de menores con problemas de conducta, fue contratada sucesivamente por los gobiernos anteriores, liderados por el PSOE, a pesar de que "había varias denuncias y quejas encima de la mesa". La consejera subrayó que el contrato actual con el centro, gestionado por la entidad Lagunduz, fue adjudicado el 26 de junio de 2023 y formalizado el 17 de julio, pocos días antes de las detenciones y el cierre del establecimiento.

Este recurso, ha explicado Susín, no era por tanto “un centro del Gobierno de Aragón”, sino uno “de carácter privado con el que el Gobierno de Aragón concierta plazas, como también lo hace con centros privados ubicados en otras Comunidades Autónomas”. En este sentido, Susín anunció que se ha solicitado un informe jurídico para estudiar la posibilidad de exigir compensaciones por daños morales a la entidad gestora del centro, en respuesta al daño reputacional sufrido por la DGA.

El centro de Ateca albergaba 21 menores en plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), así como otros menores provenientes del País Vasco y las Islas Baleares. Tras el cierre, el Gobierno de Aragón ha trabajado "en tiempo récord" para reubicar a los menores en otros centros y asegurar su bienestar, en colaboración con varias instituciones regionales. La Consejera de Bienestar Social y Familia ha confirmado la habilitación de una unidad con 15 plazas para atender a los menores desplazados tras el cierre del centro de Ateca.

En cuanto a la investigación que sigue en curso, Susín destacó que, desde el inicio de las investigaciones judiciales, la principal prioridad ha sido "preservar la identidad y la seguridad de los menores" afectados, al tiempo que se iniciaron investigaciones internas para recopilar toda la información relevante y colaborar con la justicia. En este contexto, el IASS ha remitido la documentación requerida a la Guardia Civil y la Fiscalía, con fechas 16 y 23 de agosto.

Compromiso con mejorar la atención de los menores

Entre las medidas adoptadas tras las detenciones, se abrió un expediente de investigación interna en el IASS para evaluar el papel de la Administración en la supervisión del centro y se inició un expediente disciplinario contra la persona responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia. Asimismo, se resolvió el contrato con Lagunduz y se habilitó de urgencia una nueva unidad de atención terapéutica para menores, gestionada por la Fundación Samu, que empezará a operar este 16 de septiembre.

En los próximos meses, el Gobierno de Aragón llevará a cabo una revisión exhaustiva de todos los centros de menores en la región y creará un registro del personal que trabaja en estos espacios. Además, se está elaborando un protocolo para abordar casos de "mala praxis o vulneración de derechos" en los centros de acogida. También se ha dado instrucción por parte del Gerente del IASS para que semanalmente se reporte “un informe firmado por las subdirecciones provinciales, competentes en materia de menores, con las incidencias que se produzcan en el sistema de tutelas y protección a la infancia”, así como “comunicación inmediata en las incidencias consideradas graves”, medidas que se suman al resto que se han implementado, entendidas todas ellas como un paso imprescindible para reforzar la vigilancia del funcionamiento ordinario de los centros de menores.