IBDES Y NUÉVALOS PIDEN AL GOBIERNO DE ARAGÓN LA DISOLUCIÓN DE SU AGRUPACIÓN DE SECRETARÍA CON MONTERDE TRAS LA RECIENTE SALIDA DE LA ÚLTIMA SECRETARIA INTERVENTORA

Los Ayuntamientos de Ibdes y Nuévalos, en el Alto Jalón, han solicitado oficialmente a la Dirección de Administraciones Locales del Gobierno de Aragón la disolución de la agrupación de secretaría que comparten actualmente con el municipio vecino de Monterde. Esta decisión, que ha sido aprobada en pleno por ambos consistorios, responde a la inestabilidad generada en la agrupación debido a las reiteradas salidas de los funcionarios de secretaría, algo que atribuyen a la complicada situación que atraviesa Monterde bajo el polémico liderazgo de su alcalde, José Gracia.

La actual baja de la secretaria interventora, quien ha asumido el cargo de gerente del Plan de Sostenibilidad Turística en el municipio de Jaraba y ha cesado en su puesto esta misma semana, ha acelerado la decisión de disolver la agrupación.  Desde 2018, es la segunda ocasión en la que un secretario abandona el cargo, y tanto Ibdes como Nuévalos consideran que esta fuga de personal de secretaría, puesto muy importante y sensible para las administraciones locales, se debe a las continuas controversias que envuelven al Ayuntamiento de Monterde y a su alcalde. 

Entre los problemas a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Monterde y que podrían ser causantes de la inestabilidad del puesto de Secretaría de la agrupación, destacan las polémicas inmatriculaciones de 200 propiedades privadas a favor del consistorio, así como acusaciones de la oposición sobre un presunto fraude electoral tras la manipulación sistemática del censo electoral para ganar las elecciones, algo que ha conseguido hacer de manera constante en las últimas tres décadas a pesar de que su gestión ha estado envuelta permanentemente en polémicas con los vecinos del municipio.

Una situación de agitación social provocada por la gestión del alcalde de Monterde, al que también acusan de destinar grandes cantidades de dinero público a pagar a asesores externos. El clima de inestabilidad se ha agravado recientemente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que obliga al Ayuntamiento de Monterde a anular el pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2023, tras determinar que el alcalde, José Gracia, no convocó a la oposición a la sesión deliberadamente. Esta sentencia, sumada a la polémica en torno a las inmatriculaciones y que el alcalde está siendo investigado por la Guardia Civil acusado de presunto fraude electoral, genera un clima de tensión en el Ayuntamiento de Monterde que hace que el puesto de Secretaría no sea ni mucho menos cómodo para ningún funcionario. 

Este pasado verano, la ya ex secretaria decidió participar en el concurso convocado por el Ayto. de Jaraba para el puesto de Gerente de su PSTD, consiguiendo hacerse con la plaza para abandonar su puesto como secretaria. Su baja tras menos de cinco años en el puesto, deja a Ibdes y Nuévalos en una situación de parálisis administrativa. Sin una secretaria interventora, los ayuntamientos no pueden aprobar cuestiones fundamentales como los presupuestos o el cierre de cuentas, lo que supone un freno a la gestión municipal. Esta situación ha llevado a que la solicitud de disolución de la agrupación se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y se mantenga en exposición pública durante 30 días. Hasta que esta solicitud se resuelva, Ibdes, Nuévalos y Monterde permanecerán sin personal habilitado para el puesto de secretaria interventora, lo que bloquea temporalmente la aprobación de medidas clave.

Ahora, la falta de secretaria interventora impide la aprobación de los presupuestos y la planificación económica de Ibdes, que tenía programado abordar estas cuestiones en un pleno la próxima semana. Se estima que la cobertura del puesto podría tardar al menos 10 días, debido a los trámites necesarios para su designación. Sin embargo, el proceso de disolución de la agrupación de secretaría requerirá más tiempo, lo que deja a ambos ayuntamientos en una situación de incertidumbre administrativa hasta que el Gobierno de Aragón decida sobre su solicitud de segregación definitiva.